Muy probablemente, quienes asesoran al ya muy próximo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no hayan reparado siquiera un poco en la propuesta del presidente electo de terminar con el indudable gran número de representantes de instancias dentro del gobierno federal en las entidades federativas.
Se llegó en ese sentido a una decisión que nada tiene de salomónica, es decir, presuntamente, a una “sabia decisión”. Se ha considerado que sólo una persona –tal vez muy preparada –fuera la o el representante de las muy diversas instancias de la administración federal dentro de cada una de las entidades federativas de nuestro país. Es decir, una persona que deseablemente al mismo tiempo sepa de medicina que de seguridad pública, de economía y agricultura, etcétera, y de todas en su conjunto.
En mi ya muy larga estancia dentro de ámbitos universitarios, sí he conocido personas –profesores(as) y estudiantes –que saben cómo funcionan las secretarías del gobierno federal, las atribuciones del funcionariado público y el desempeño de los principales directivos. Pero no he encontrado o conocido a alguien dentro del gobierno que sepa cuál pueda ser la mejor política pública en cada uno de los múltiples rubros de la gestión gubernamental.
Sí, porque no se trataría sólo de que los(as) presuntos(as) delegados federales repartan recursos, sino, sobre todo, de ubicar las verdaderas necesidades de la población y alcanzar la utilidad máxima posible en el empleo de los dineros gubernamentales, en este caso los que proporciona el gobierno federal. He conocido, de manera muy excepcional, a personas que sí tienen claras nociones de muy diversos temas de la agenda pública gubernamental, pero no que conozcan las peculiaridades de éstas, los grupos dentro de los diferentes rubros de gobierno (o grupos de interés y/o de presión), y demás.
Pero a ninguna de esas personas, con algún grado de conocimiento de la temática administrativa federal y de los antecedentes específicos en la implantación de políticas públicas, podría habérsele denominado como un funcionario sabio, justo y honesto. Porque además debe establecerse que se requiere que ellas y ellos, los(as) que administran los dineros públicos, sean justos y honestos.
Sí conviene, sin embargo, establecer rubros administrativos generales dentro de la agenda pública gubernamental. Y, por supuesto, que quienes los manejen sean verdaderos especialistas en la materia. Para eso sirven, o deben servir, las profesiones. No se debe improvisar funcionarios sin verdadera especialidad en los ámbitos de la agenda pública, los cuales se deben atender cabalmente. Incluso, considero, se debe incluir dentro de los currículos de la educación superior alguna asignatura respecto de la administración pública del ámbito específico, sean asuntos pecuarios, penales, de obras públicas, de hospitales, etcétera, no sólo pensando en que puedan ser nombrados como jefes o asesores en una instancia gubernamental, sino que puedan criticar con fundamento a las políticas gubernamentales.
