El pasado cinco de junio, en este espacio hice alusión a la “mafia carretera”, de la que se debe prescindir en el gobierno federal para que los programas de inversión y desarrollo del programa carretero puedan aterrizar y terminar con la corrupción y el beneficio de unas cuantas empresas, que, sin ser zacatecanas, tuvieron grandes beneficios durante la administración de Jorge Raúl Aguilar como Director del Centro SCT en la entidad.
Esto obra en denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y fueron hechos públicos por el colectivo Nacional Anticorrupción (COLECNA), el 24 de agosto del 2021, según consta en la publicación del semanario PROCESO de esa fecha: “Denuncian a delegado de la SCT en Zacatecas por favorecer a empresas de Jalisco” y que se anexa testimonio en el siguiente link: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/8/24/denuncian-delegado-de-la-sct-en-zacatecas-por-favorecer-empresas-de-jalisco-270527.html
Todo lo anterior molestó al ex Director del Centro SCT que solicitó su derecho de réplica a quien esto escribe, por lo que dejo aquí sus consideraciones:
1) “Resulta pertinente exhibir mi negativa ante la acusación que en el texto "La mafia carretera" se me adjudica, ya que se hace alusión a que soy el responsable de una mala praxis dentro de la Institución, al aparentemente fomentar una cadena de influencias que perjudican el desarrollo de las vías de comunicación del Estado. Todo lo anterior lo desconozco, en virtud de que durante el periodo en que administré el cargo de Director General del Centro Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), siempre manejé el ejercicio de mi labor con ética, responsabilidad y transparencia.
2) “Carece de todo sustento, puesto que se basa en consideraciones personales, apreciaciones subjetivas, pues las mismas hacen señalamiento sin sustento, dado que a los servidores públicos que mencionan, tenían con el suscrito una relación de subordinación, y una relación contractual ante el estado, motivo por el cual sus funciones como servidores públicos se llevaron a cabalidad, y si existieran testimonio de tales actuaciones de estos servidores públicos cometiendo un acto en contra de la ley, estas personas que presenciaron los hechos, se encuentran en la obligación de denunciar algún hecho ilícito del cual tienen conocimiento.
3) “Se me relaciona con un conjunto de empresas cuya denominación o razón social se omite, sin establecer circunstancias de tiempo modo y lugar, que permitieran dar certeza a el lector de los hechos que se mencionan son ciertos, sin embargo, el autor no se abstuvo de afirmar que tengo una relación familiar o de amistad con las mismas. Como consecuencia, la omisión ya mencionada implica un límite suficiente para que se evite involucrar mi nombre en un señalamiento de esa magnitud, dado que no persiste cabal información que sustente este dicho. De allí que de igual forma niego el estar involucrado con las innominadas empresas, así como también con los actos que hayan efectuado por su propia voluntad, de ser el caso y.
4) “Como bien hizo mención el C. Mario Caballero Martínez, existen testimonios en los que se apoya la investigación que dio materia al análisis periodístico que nos ocupa, en cambio estas declaraciones no son prueba suficiente para dilucidar los acontecimientos que se me imputan, por lo que es preciso que primero exista un fallo por parte de las autoridades en el que se clarifique mi intervención durante el lapso en que fungí como Director del Centro SCT”.
