La poca autoridad moral que pudieran tener algunos de los diputados que integran la LXIV Legislatura del Estado se fue a la basura con la intentona de revivir las herramientas legislativas y propiciar el creciente rechazo de la sociedad zacatecana a la “nueva” clase política.
En un intento de aprovechar el cargo, quizá el único al que aspiren, buscan resolver, de una vez y para siempre, la condición económica y laboral de su vida.
Magnifica la oportunidad para que el gobernador, que en un momento de lucidez, decidiera no apoyar dicha iniciativa y “vetar” la publicación de la reforma constitucional, y terminar con el derroche y las viejas prácticas en el manejo de los recursos públicos, porque ya no se puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, que los cargos públicos se usen para beneficio personal.
La no publicación de esta reforma constitucional provocó un descrédito mayor de los diputados locales, quienes ya no sienten una disminución de su buena reputación, sino que ahora sienten la pérdida de la buena fama y tienen que aceptar el rechazo social.
Basta recordar que son facultades y obligaciones de los diputados expedir leyes, decretos y acuerdos, y promover y aprobar las reformas a la Constitución que se requieran, además de nombrar a titulares de organismos públicos descentralizados y magistrados de los tribunales locales.
E ninguna parte, título, capítulo o apartado de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se faculta a los legisladores, para que ejerzan presupuesto discrecional y llevar a cabo la gestión y otorgamiento de apoyos asistenciales a ningún ciudadano. Estas son solo atribuciones del Poder Ejecutivo.
Lo más grave, ahora que los diputados tocan piso en la credibilidad y el honor, trasciende a nivel nacional, el “robo” documentado que hicieron diputados de la pasada legislatura, al contratar empresas fantasmas o inexistentes para la elaboración de proyectos de iniciativas de ley que eran copias de otras iniciativas de otras entidades federativas y que en la actualidad ya no tienen registro fiscal.
La llamada “estafa legislativa” documentada por el diputado Ernesto González Romo dejó claro el hecho de que además de las “herramientas Legislativas”, los diputados hicieron un jugoso negocio con el dinero público y tranquilamente se habla de un fraude de proporciones mayores, cometido, entre otros, por actuales funcionarios del gobierno estatal.
Lamentablemente la decisión tomada por el gobernador David Monreal, de “vetar” la reforma, cae en el doble discurso, ya que por un lado le corta las manos a los voraces diputados de la actualidad; por otro, sostiene como funcionarios a diputados, que probado están, en la pasada legislatura participaron de la estafa legislativa.
Todo va a estar mejor, cuando David Monreal, decida prescindir de los servicios de esos funcionarios de doble moral. Es urgente.
