/ viernes 18 de septiembre de 2020

Mandar obedeciendo

Esta semana el presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Senado de la República, una solicitud de consulta popular con el objetivo de poner a decisión del pueblo mexicano la posibilidad de investigar y, en su caso, sancionar las presuntas irregularidades y delitos cometidos durante las administraciones de los expresidentes de la República. Un acontecimiento histórico que marca el fin del viejo régimen y ratifica al pueblo como el único soberano.

La consulta popular es un mecanismo fundamental en toda democracia; permite a las y los ciudadanos ejercer su derecho a expresar su opinión frente a temas de trascendencia, ya sean nacionales o regionales y, de esta manera, poder decidir sobre los mismos. En diversas latitudes del mundo se ha convertido en un eficaz instrumento de decisión; sin embargo, en nuestro país es algo que apenas va madurando.

Durante muchos años, en México se limitó este derecho fundamental a través de una serie de candados y formalismos que hicieron casi imposible someter algún tema a consulta. Ejemplo de ello es el caso de la reforma energética en el que, a pesar de que la enorme mayoría ciudadana que se manifestó, la solicitud fue declarada inconstitucional y no pudo llevarse a cabo.

Este mecanismo requería un rediseño urgente y ello fue posible con el arribo de la izquierda en el 2018. El inicio de la consolidación del nuevo régimen estuvo acompañado del marcado impulso de la participación ciudadana como uno de los pilares de transformación y así, en 2019, se reformó la Constitución Federal -en materia de consulta popular- para eliminar muchos de los candados que antes silenciaron el grito popular.

Ahora nos encontramos frente a un acontecimiento sin precedentes. Por más de 30 años, la ciudadanía ha manifestado su inconformidad ante viejas administraciones de la presidencia de la República, arreciando el clamor de justicia. Por ello se ha presentado una solicitud de consulta popular para someter a juicio a los expresidentes.

El objetivo es claro: terminar con la etapa oscura de 30 años (1988-2018) en la que imperaron esquemas dañinos: una política neoliberal fallida que fomentó la concentración de la riqueza y la privatización de los bienes públicos (Salinas de Gortari); el quebranto al erario y la contratación de deuda pública como el caso del FOBAPROA (Zedillo); el fraude electoral (Vicente Fox); la inseguridad y la violencia, y a su vez, el gobierno coludido con el crimen organizado (Felipe Calderón) y, la corrupción e impunidad (Enrique Peña Nieto).

La sociedad se ha organizado y entregado más de 2 millones de firmas y, a la par, el presidente López Obrador ha enviado la solicitud correspondiente. Seguiremos atentos al proceso, pero si de algo estamos seguros es que este es un evento histórico y marca el inicio de una etapa de mayor involucramiento y participación de la sociedad.

La vocación del nuevo gobierno es servir y actuar conforme a los dictados del pueblo: “Mandar obedeciendo”.


Esta semana el presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Senado de la República, una solicitud de consulta popular con el objetivo de poner a decisión del pueblo mexicano la posibilidad de investigar y, en su caso, sancionar las presuntas irregularidades y delitos cometidos durante las administraciones de los expresidentes de la República. Un acontecimiento histórico que marca el fin del viejo régimen y ratifica al pueblo como el único soberano.

La consulta popular es un mecanismo fundamental en toda democracia; permite a las y los ciudadanos ejercer su derecho a expresar su opinión frente a temas de trascendencia, ya sean nacionales o regionales y, de esta manera, poder decidir sobre los mismos. En diversas latitudes del mundo se ha convertido en un eficaz instrumento de decisión; sin embargo, en nuestro país es algo que apenas va madurando.

Durante muchos años, en México se limitó este derecho fundamental a través de una serie de candados y formalismos que hicieron casi imposible someter algún tema a consulta. Ejemplo de ello es el caso de la reforma energética en el que, a pesar de que la enorme mayoría ciudadana que se manifestó, la solicitud fue declarada inconstitucional y no pudo llevarse a cabo.

Este mecanismo requería un rediseño urgente y ello fue posible con el arribo de la izquierda en el 2018. El inicio de la consolidación del nuevo régimen estuvo acompañado del marcado impulso de la participación ciudadana como uno de los pilares de transformación y así, en 2019, se reformó la Constitución Federal -en materia de consulta popular- para eliminar muchos de los candados que antes silenciaron el grito popular.

Ahora nos encontramos frente a un acontecimiento sin precedentes. Por más de 30 años, la ciudadanía ha manifestado su inconformidad ante viejas administraciones de la presidencia de la República, arreciando el clamor de justicia. Por ello se ha presentado una solicitud de consulta popular para someter a juicio a los expresidentes.

El objetivo es claro: terminar con la etapa oscura de 30 años (1988-2018) en la que imperaron esquemas dañinos: una política neoliberal fallida que fomentó la concentración de la riqueza y la privatización de los bienes públicos (Salinas de Gortari); el quebranto al erario y la contratación de deuda pública como el caso del FOBAPROA (Zedillo); el fraude electoral (Vicente Fox); la inseguridad y la violencia, y a su vez, el gobierno coludido con el crimen organizado (Felipe Calderón) y, la corrupción e impunidad (Enrique Peña Nieto).

La sociedad se ha organizado y entregado más de 2 millones de firmas y, a la par, el presidente López Obrador ha enviado la solicitud correspondiente. Seguiremos atentos al proceso, pero si de algo estamos seguros es que este es un evento histórico y marca el inicio de una etapa de mayor involucramiento y participación de la sociedad.

La vocación del nuevo gobierno es servir y actuar conforme a los dictados del pueblo: “Mandar obedeciendo”.