Una de las principales funciones del gobierno, además del buen manejo de los recursos públicos, es brindar un marco legal y administrativo que garantice el buen desempeño de la vida pública y civil, e impulsar el desarrollo económico y social de la región.
Las tareas de gobierno requieren necesariamente de la aplicación de trámites, permisos y servicios; es decir, tanto los gobernantes como los ciudadanos y empresas deben cumplir con una serie de normas y procesos administrativos. Aunque la función de estas reglas es mantener un correcto orden legal, en ocasiones este proceso puede llegar a ser lento, demasiado restrictivo, o difícil de entender. En otras palabras, lo que conocemos como un excesivo papeleo.
Para solucionar esta problemática, en México se han puesto en marcha los Programas de Mejora Regulatoria (PMR), una serie de estrategias que tienen como objetivo mejorar la regulación vigente e implementar acciones para simplificar los trámites y servicios de la Administración Pública Federal.
La meta es lograr un gobierno más eficiente y que atienda de manera óptima las necesidades y derechos de ciudadanos y empresas, facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones, lograr una mayor transparencia en la administración pública, e impulsar la creación de nuevas empresas con el fin de promover el bienestar y crecimiento económico del país.
Entre las acciones a realizar se encuentran la digitalización de trámites y servicios, portales electrónicos intuitivos y eficientes, fusión de trámites similares para evitar duplicación, simplificar requisitos y formatos, reducir los plazos de resolución, actualizar las reglas con un lenguaje claro y conciso, instituciones accesibles, funcionarios capacitados para orientar a los ciudadanos, ofrecer un trato igualitario a todos los usuarios y empresas, incentivos para los ciudadanos cumplidos y las empresas formales.
Estas medidas ya se encuentran plasmadas en el documento Estrategia nacional de mejora regulatoria, publicado por el Gobierno Federal, que será la hoja de ruta para concretar estos cambios a finales de este año y principios del próximo.
En lo que respecta al ámbito empresarial e industrial, el reciente informe Doing Bussines publicado por el Banco Mundial, indica que somos la segunda nación en Latinoamérica con mayor facilidad para hacer negocios, sólo superados por Chile. Sin embargo, a nivel mundial ocupamos la posición 60, por lo que aún existe margen de mejora para facilitar a los emprendedores la creación de nuevas mipymes.
Es claro que el buen funcionamiento de la administración pública permite una mayor cercanía entre los gobernantes, las instituciones y los ciudadanos, haciendo honor a uno de los propósitos del Estado: ser una entidad encargada de regular la vida civil y ofrecer condiciones favorables para que todos los habitantes puedan desarrollarse social y económicamente.
