Por mucho tiempo las políticas del Estado se concentraron en privilegiar a un sector de la sociedad, dejando de lado el compromiso con el pueblo y omitiendo de la política pública las necesidades evidentes en los diferentes ámbitos. Las consecuencias de decisiones erradas de las pasadas administraciones se dejaron ver en múltiples ámbitos, siendo uno de ellos el Sistema Eléctrico Nacional.
Los resultados fueron devastadores: corrupción, fraude, prerrogativas exclusivas para pocos, entrega desmedida de nuestros recursos energéticos e incluso, tras la formalización de la reforma energética de 2013, profundos daños al funcionamiento y capacidad productiva de la Comisión Federal de Electricidad. Sin duda, este conjunto desencadenó un efecto dominó en el que el más afectado fue el pueblo mexicano pues, al traspasarse la soberanía energética de nuestro país, se vio afectado el abastecimiento, distribución y producción la energía eléctrica, generándose al mismo tiempo un serio deterioro al medio ambiente.
Con el propósito de cambiar esta realidad y afianzar la transformación del país en este ámbito, el pasado 1º de febrero el Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador, haciendo uso de la facultad constitucional, presentó una iniciativa con carácter preferente a través de la cual se incorporaban reformas con el fin de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, mantener tarifas bajas conforme a los intereses de la Nación y con ello, beneficiar a los usuarios finales.
Esta propuesta incorpora las mejores prácticas y experiencias del entorno internacional, de manera que no sólo se apunta a una nueva política energética que beneficie el orden nacional, sino también a una responsable con el medio ambiente, que propugna por el desarrollo sustentable y el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano en la materia, respecto de la Agenda 2030.
El proceso legislativo siguió en marcha y el 23 de febrero fue aprobado por parte de la Cámara de Diputados el Dictamen que daba lugar a la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Industria Eléctrica. Posteriormente, la Minuta respectiva fue enviada al Senado de la República, en donde, tras su discusión y aprobación en comisiones, fue aprobado por el Pleno el martes 2 de marzo.
Con la entrada en vigor de esta reforma, México se asegura reglas claras para la transmisión y distribución de la energía eléctrica, combinando la equidad y justicia en este ámbito, con la protección del ambiente, el uso y promoción de energías limpias y la libre competencia, sin afectar, en últimas, el bienestar general.
