La aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el Senado de la República, contiene importantes disposiciones como la obligatoriedad de sistemas de sujeción para sillas de ruedas en el transporte público, el uso de casco para ciclistas, reducción del límite de velocidad en calles secundarias, prohibición del uso de dispositivos electrónicos excepto con dispositivos de “manos libres”, asientos traseros para menores de edad, entre otras normas que abonarán a establecer las bases y principios para garantizar el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. En suma, mejores normas de urbanidad.
En las últimas décadas, el sistema de movilidad en nuestro país se centró, erróneamente, en el uso automóvil descuidando a otros medios del transporte urbano. De igual manera, personas con alguna discapacidad y quienes se trasladan a pie, han estado en constante riesgo poniendo en peligro su integridad física.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se pierden aproximadamente 1.3 millones de vidas por hechos de tránsito, en su mayoría peatones, ciclistas y motociclistas. Y no sólo eso, las lesiones ocasionadas por accidentes viales provocan, altos gastos médicos, así como la pérdida de productividad de los afectados y sus familiares, impactando considerablemente el Producto Interno Bruto.
En 2021, los accidentes de tránsito fueron la novena causa de muerte en nuestro país y en 2018 los percances viales costaron entre 174 mil millones y 204 mil millones de pesos, de acuerdo con el Inegi.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece bases y principios, los espacios de responsabilidad y concurrencia de los órdenes de gobierno, las autoridades en materia de movilidad y seguridad vial, así como las competencias y facultades específicas del Sistema Nacional. Loable reconocer que se tuvo el apoyo y la participación de la sociedad civil para la redacción de esta ley, además, existe un andamiaje para diseñar e implementar la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, así como otros instrumentos que permitan robustecer y fortalecer la política pública en dicha materia.
Nos queda mucho por hacer al respecto, no basta un instrumento jurídico, es preciso destinar los recursos presupuestarios necesarios para construir y mejorar la infraestructura dirigida a peatones y usuarios de los distintos tipos de transporte, así como, la inversión en vehículos ecológicamente sustentables. La armonía de una sociedad se basa en la adecuada movilidad y espacios urbanos seguros.
