Trazada de claroscuros la trayectoria de Rosario Robles Berlanga. De una vida ostentosa que sólo concede el poder a condiciones infrahumanas en las frías celdas de Santa Martha Acatitla. El destino de la imputada por la Estafa Maestra la llevó a conocer las lúgubres entrañas del sistema penitenciario de nuestro país para posteriormente reclamar exámenes de mastografías al interior del Centro Femenil de Reinserción Social. Su denuncia nos obliga a replantearnos la precariedad en la que se encuentran las mexicanas privadas de la libertad y la urgente necesidad de atender mejores condiciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su estudio ‘Los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos penitenciarios 2001-0217’ encontró “diferencias significativas” en los centros penitenciarios en razón de género.
Algunas fallas y carencias: instalaciones, estancias y espacios indignos e insuficientes para realizar actividades para mujeres privadas de su libertad; separación por situación jurídica; falta de servicios médicos especializados de forma permanente en especial ginecobstetras; ausencia de programas de prevención de enfermedades como cáncer cervicouterino y mamario; falta de estancias y servicios educativos y de salud para sus hijos; deficiencias y discriminación en servicios laborales y educativos; trato indigno por parte de las autoridades o entre las mismas reclusas.
Respecto a la atención y cuidado de la salud mental de las internas e internos, la CNDH detectó insuficiencia de personal médico e infraestructura; insalubridad y falta de mantenimiento de las instalaciones médicas y dormitorios de personas con discapacidades psicosociales; ausencia de programas y atención médica para la rehabilitación psicosocial; insuficiencia de personal médico y permanencia indebida de personas con discapacidad psicosocial.
12 mil mujeres están privadas de la libertad, el 86% son madres y 6 mil se ubican en cárceles mixtas, siendo potenciales víctimas de violencia sexual, abuso de autoridad, trabajos forzados, aunado a una carencia de programas con enfoque de género para garantizar la reinserción social como propone la organización civil ASÍLEGAL. Culpable o inocente, la ex secretaria tiene razón, por ellas, hay que alzar la voz.
