/ domingo 15 de diciembre de 2019

Ni a la seguridad ni a la justicia

Los diputados de la LXIII Legislatura del Estado, aprobaron el jueves, la Ley de Ingresos para el Estado para el ejercicio Fiscal 2020, cuyo dictamen, presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, contempla un ingreso total a las arcas de la entidad por el orden de 29 mil 965 millones 18 mil 086 pesos.

Esto, en términos reales, significa un incremento del seis por ciento en relación al ingreso recibido durante el año que termina, es decir, en números absolutos, son 131 millones 599 mil 169 pesos más que 2019.

La Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2020 fue aprobada por 19 votos y cinco en contra de los diputados asistentes, avalando también las reformas a las disposiciones fiscales que comprende el paquete económico del próximo año.

Ahora vienen las discusiones para la asignación de los presupuestos a las dependencias y organismos paraestatales. La responsabilidad está en el terreno de los legisladores, que tienen ante si, una enorme carga política, habida cuenta que de ellos depende la buena marcha de las instituciones, especialmente en materia de procuración, impartición y administración de la justicia y especialmente en materia de salud y educación. Rubros que no pueden ni deben disminuir sus ingresos.

En estos tiempos violentos, se le puede recortar el presupuesto a muchos rubros, pero por ningún motivo a la seguridad y mucho menos a la justicia.

Los índices de criminalidad, según lo que dio a conocer “Impunidad Cero”, han mostrado avances en la persecución del delito, pero son insuficientes. Con los millones de pesos que se pretenden recortar a la Fiscalía General de Justicia es impensable que se tengan buenos resultados.

Si bien es cierto, se han abatido los índices de algunos delitos, y que las fiscalías especializadas están en vías de consolidación, con un alarmante incremento de la criminalidad, poco se podrá hacer sin los recursos mínimos necesarios para garantizar la justicia esperada por la sociedad.

Los 637 millones de pesos que se destinarían a la Fiscalía General son insuficientes, y solo volverían a la Fiscalía en una institución pagadora de la nómina, sin recursos para la investigación y combate a la impunidad.

Los 483 millones de pesos destinados al poder judicial, no alcanzan ni para la nómina de los mil funcionarios judiciales que hay en el estado.

Así, se antoja un panorama muy complicado para la procuración y la impartición de la justicia. Mientras tanto, la delincuencia, organizada y común, sigue actuando y sin un combate frontal a la comisión de los delitos. En síntesis, se le puede bajar a muchas otras áreas, pero ni a la seguridad ni a la justicia.

Los diputados de la LXIII Legislatura del Estado, aprobaron el jueves, la Ley de Ingresos para el Estado para el ejercicio Fiscal 2020, cuyo dictamen, presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, contempla un ingreso total a las arcas de la entidad por el orden de 29 mil 965 millones 18 mil 086 pesos.

Esto, en términos reales, significa un incremento del seis por ciento en relación al ingreso recibido durante el año que termina, es decir, en números absolutos, son 131 millones 599 mil 169 pesos más que 2019.

La Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2020 fue aprobada por 19 votos y cinco en contra de los diputados asistentes, avalando también las reformas a las disposiciones fiscales que comprende el paquete económico del próximo año.

Ahora vienen las discusiones para la asignación de los presupuestos a las dependencias y organismos paraestatales. La responsabilidad está en el terreno de los legisladores, que tienen ante si, una enorme carga política, habida cuenta que de ellos depende la buena marcha de las instituciones, especialmente en materia de procuración, impartición y administración de la justicia y especialmente en materia de salud y educación. Rubros que no pueden ni deben disminuir sus ingresos.

En estos tiempos violentos, se le puede recortar el presupuesto a muchos rubros, pero por ningún motivo a la seguridad y mucho menos a la justicia.

Los índices de criminalidad, según lo que dio a conocer “Impunidad Cero”, han mostrado avances en la persecución del delito, pero son insuficientes. Con los millones de pesos que se pretenden recortar a la Fiscalía General de Justicia es impensable que se tengan buenos resultados.

Si bien es cierto, se han abatido los índices de algunos delitos, y que las fiscalías especializadas están en vías de consolidación, con un alarmante incremento de la criminalidad, poco se podrá hacer sin los recursos mínimos necesarios para garantizar la justicia esperada por la sociedad.

Los 637 millones de pesos que se destinarían a la Fiscalía General son insuficientes, y solo volverían a la Fiscalía en una institución pagadora de la nómina, sin recursos para la investigación y combate a la impunidad.

Los 483 millones de pesos destinados al poder judicial, no alcanzan ni para la nómina de los mil funcionarios judiciales que hay en el estado.

Así, se antoja un panorama muy complicado para la procuración y la impartición de la justicia. Mientras tanto, la delincuencia, organizada y común, sigue actuando y sin un combate frontal a la comisión de los delitos. En síntesis, se le puede bajar a muchas otras áreas, pero ni a la seguridad ni a la justicia.