Odebrecht, el caso penal capítulo mexicano, es un tema cerrado a piedra y lodo con el mismo celo desde la PGR hasta la FGR. Apenas, con la sorpresiva prisión preventiva del ex titular de PEMEX, dio un giro espectacular el asunto, al menos provisionalmente. De otro modo, habría continuado la cómoda extradición a México de un personaje que se fugó del país y que recibió un trato de enorme consideración para ser parte de esa clase política de tecnócratas que habrían hundido nuestra soberanía energética, al margen de su derecho a la presunción de inocencia.
Ahora, ya se puede decir que comenzaron los efectos directos e indirectos de responsabilidad jurídica del expediente de una Averiguación Previa (ahora carpetas de investigación) que debe ser kilométrica y de la que no se ha elaborado la versión pública accesible que el INAI ordenó desde octubre de 2018 a la entonces PGR y que se transfirió a la FGR como parte del legado institucional.
La responsabilidad política que de origen era toda de la administración anterior, a partir de enero de 2019, en que la Fiscalía General de la República ha administrado el caso ha pasado a ser compartida, en tanto no ha consignado el caso en su conjunto, ante el juez competente.
Conviene recordar. Odebrecht arrastra la trama de los sobornos que desde Brasil contaminaron las elecciones de un bloque de candidatos, luego jefes de Estado en América Latina entre 2010 y 2016 y en casi todos esos países ha habido serias consecuencias políticas y judiciales. Apenas se vislumbran las que corresponderán a nuestro país y con un serio problema adicional.
Mientras se caían gobiernos y hubo dimisiones, detenciones y juicios para los responsables (incluido el ominoso suicidio del ex presidente del Perú), en México, durante cinco años se negaba oficialmente cualquier fundamento para darle sentido a las versiones mediáticas de un escándalo “eminentemente” mediático.
Fue hasta en 2017, que la entonces Fiscalía en Delitos Electorales de la PGR, (hoy Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP) aseguró haber encontrado evidencias de dinero sucio de Odebrecht en la campaña presidencial de 2012, campaña de quien fuera el Presidente de México durante 2012-2018.
Entonces, a partir de las afirmaciones del titular de la FEPADE, el INAI pudo reconocer el valor jurídico a esas declaraciones y resolver los recursos relacionados con el ex director de PEMEX ordenando abrir bajo el tenor del interés público. A partir de entonces, el INAI ha resuelto más de 15 recursos sobre Odebrecht, una buena parte de aquellos, en contra de negativas de información de la FGR relacionadas directamente con Emilio Lozoya.
¿Por qué era y sigue siendo clave la versión pública integral de la Averiguación Previa sobre Odebrecht? Porque como no ha habido transparencia al respecto, no existe certeza de la arquitectura de dicha trama, si hubo paréntesis sin actuaciones o actuaciones intrascendentes o si hubo lo contrario y en cualquier caso si aquello coincide con los vaivenes de la política nacional en la transición tersa y afelpada entre los más allegados a los Pinos de 2012-2018 y los de Palacio de 2018 a 2021. Así se sabrá que pasó y que ha pasado y en -buena parte- porqué.
