/ lunes 4 de mayo de 2020

¿Organización empresarial sin límites?

En días recientes se ha intensificado la difusión del propósito de los grandes empresarios de endeudarse con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para resolver un problema de liquidez y no se convierta en un riesgo de insolvencia; el BID les pone algunas condiciones, entre ellas, que un banco los avale; el préstamo es, principalmente, para las empresas menores proveedoras de la grandes empresas nacionales; se ha declarado por todos los medios e insistentemente, que es una deuda que no involucra ni al Secretario de Hacienda ni al Presidente de la República, es una deuda entre el sector privado. Ahora así es y así será, pero al principio el planteamiento del problema de la deuda era otro.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lo decía de esta manera: “Requerimos deuda y utilizar recursos públicos de forma responsable para que un problema de liquidez no se nos convierta en un problema de solvencia”; está grabado y publicado en varios medios impresos. Sofía Belmar, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), destacó: “la crisis ya impactó a 30 por ciento de la actividad económica de México”, es el país “con la mayor caída después de Japón”.

El senador Miguel Ángel Mancera y Edna Jaime, directora de México Evalúa, coincidieron en la necesidad de “crear un consejo económico encabezado por el propio Presidente de la Republica y coordinado por el Secretario de Hacienda”. El Secretario General de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, abogó porque “México adopte medidas fiscales” planteadas “con audacia por el sector privado”, aunque “esto choca con la visión gubernamental” de fortalecer las finanzas públicas “para seguir apoyando a beneficiarios de programas sociales”. Fueron estas propuestas las que provocaron la molestia de López Obrador.

Después de la pandemia vienen problemas económicos y políticos para todos los países dañados por ésta y cada uno los resolverá según sus condiciones particulares, incluidos sus propios gobiernos. En México los grandes empresarios intentan agrupar a medianos y pequeños empresarios, a intelectuales, académicos y algunos políticos porque la iniciativa económica que han tomado requiere legitimidad. Esta no sería necesaria si fuera solo un acuerdo entre un sector privado y otro. Al buscar legitimidad ponen de manifiesto lo que para muchos mexicanos permanece oculto: un propósito político, primero observado como diferenciación, luego como confrontación con el representante del Estado Mexicano. Aunado a esto, están los gobernadores panistas, uno priista otro sin partido y ¿uno de Movimiento Ciudadano? con objetivo paralelo El propósito político desata fuerzas que provocan otras opuestas. Es bueno para el país que éstas sean vistas por los dirigentes como los límites políticos a las organizaciones empresariales que buscan legitimidad.

En días recientes se ha intensificado la difusión del propósito de los grandes empresarios de endeudarse con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para resolver un problema de liquidez y no se convierta en un riesgo de insolvencia; el BID les pone algunas condiciones, entre ellas, que un banco los avale; el préstamo es, principalmente, para las empresas menores proveedoras de la grandes empresas nacionales; se ha declarado por todos los medios e insistentemente, que es una deuda que no involucra ni al Secretario de Hacienda ni al Presidente de la República, es una deuda entre el sector privado. Ahora así es y así será, pero al principio el planteamiento del problema de la deuda era otro.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lo decía de esta manera: “Requerimos deuda y utilizar recursos públicos de forma responsable para que un problema de liquidez no se nos convierta en un problema de solvencia”; está grabado y publicado en varios medios impresos. Sofía Belmar, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), destacó: “la crisis ya impactó a 30 por ciento de la actividad económica de México”, es el país “con la mayor caída después de Japón”.

El senador Miguel Ángel Mancera y Edna Jaime, directora de México Evalúa, coincidieron en la necesidad de “crear un consejo económico encabezado por el propio Presidente de la Republica y coordinado por el Secretario de Hacienda”. El Secretario General de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, abogó porque “México adopte medidas fiscales” planteadas “con audacia por el sector privado”, aunque “esto choca con la visión gubernamental” de fortalecer las finanzas públicas “para seguir apoyando a beneficiarios de programas sociales”. Fueron estas propuestas las que provocaron la molestia de López Obrador.

Después de la pandemia vienen problemas económicos y políticos para todos los países dañados por ésta y cada uno los resolverá según sus condiciones particulares, incluidos sus propios gobiernos. En México los grandes empresarios intentan agrupar a medianos y pequeños empresarios, a intelectuales, académicos y algunos políticos porque la iniciativa económica que han tomado requiere legitimidad. Esta no sería necesaria si fuera solo un acuerdo entre un sector privado y otro. Al buscar legitimidad ponen de manifiesto lo que para muchos mexicanos permanece oculto: un propósito político, primero observado como diferenciación, luego como confrontación con el representante del Estado Mexicano. Aunado a esto, están los gobernadores panistas, uno priista otro sin partido y ¿uno de Movimiento Ciudadano? con objetivo paralelo El propósito político desata fuerzas que provocan otras opuestas. Es bueno para el país que éstas sean vistas por los dirigentes como los límites políticos a las organizaciones empresariales que buscan legitimidad.

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