Más allá de comprobarse si fueron sobornados Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa por parte de Ismael “El Mayo” Zambada como acusan los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es innegable la perversa y cómplice relación entre el crimen organizado y las autoridades.
Hemos transitado de las familias del narco, los capos y los cárteles a la narcocultura. Posteriormente de la complicidad, impunidad, soborno y componendas de gobiernos corruptos hasta llegar a un estado fallido frente a la indiferencia de una violencia sistematizada y recurrente donde el poder del narcotráfico gana espacios y carcome a la sociedad.
De llamar la atención que el narcotráfico genere ingresos brutos de 600 mil millones de pesos anuales de acuerdo con investigación realizada por 477 catedráticos e investigadores de la UNAM y otras universidades del país. La cifra duplica las ventas de la industria farmacéutica.
Sumado a este lucrativo negocio de los estupefacientes, “la economía del narco” genera ingresos o emplea a un millón de personas en el país. Por la venta de drogas, los cárteles obtienen ganancias entre 19 mil a 39 mil millones de dólares anuales procedentes de Estados Unidos, cifra superior a los 22 mil millones de dólares de las remesas.
Frente a esta adversa realidad, hay un déficit de 95 mil 989 policías para poder garantizar la seguridad en el país de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, sólo el 25% de los agentes son aptos para portar un uniforme. Por cierto, Zacatecas ocupa el segundo lugar con mayor número de policías reprobados. La lista la encabeza Nayarit, en tercero lugar Baja California Sur y después le siguen Sinaloa y Veracruz.
Contra la economía del narco, la complacencia y colusión de las autoridades, la falta de policías capacitados, las encarnizadas pugnas por control territorial, el creciente narcomenudeo; las extorsiones, secuestro, cobro de piso y la amenazante ley de “plomo o plata”, debemos preguntarnos, ¿estamos perdiendo la guerra contra el narco?
El reto lo tiene la próxima administración federal para lo cual Andrés Manuel López Obrador propuso el Plan Nacional de Paz y Seguridad.
Los principales ejes son: reformular el combate a las drogas, plan de seguridad pública, erradicación de la corrupción y reactivación de la procuración de justicia, respeto a los derechos humanos, regeneración ética de la sociedad, entre otros.
Ya lo dijo Don Winslow, autor del libro El Cártel, “nos convertimos en lo que detestamos”. Da tristeza reconocerlo. Nos convertimos en el país de la paz violentada. El país del narco.
