Determinamos en el Senado de la República admitir la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin respuesta sobre “las causas graves” que motivaron su dimisión.
Ernesto Díaz Infante fue el primer ministro en ser culpado por corrupción. Se le acusó de recibir 500 mil dólares por la liberación de Alejandro Braun Díaz, alias “el Chacal”, imputado por el asesinato y violación de una menor de seis años.
Retomando la historia de Medina Mora, la incapacidad, ineficiencia y falta de profesionalismo lo persiguen. En sus antecedentes están la brutal represión contra los pobladores de San Salvador Atenco; la irrupción violenta de la Policía Federal en la mina de Sicartsa; la operación Rápido y Furioso; la represión de los integrantes de la APPO y el operativo conocido como michoacanazo.
También le son atribuibles los errores en Pasta de Conchos y la injusticia cometida contra las indígenas Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio, acusadas injustamente de secuestro.
Hoy, se le investiga por la posible comisión del delito de lavado de dinero y una transacción de más de 100 millones de pesos. Es señalado por impulsar resoluciones “a modo” desde la Suprema Corte, entre ellas una jurisprudencia que habría permitido desbloquear dos mil millones de pesos de cuentas bancarias de sujetos implicados en la delincuencia organizada.
Casos como este, nos obligan a reconocer que la justicia en nuestro país se ha desnaturalizado. En tal sentido, es necesario vigilar y coadyuvar para que el proceso del nombramiento del nuevo ministro sea transparente, autónomo y objetivo.
El Senado y el presidente de la República son corresponsables en la designación del próximo ministro y en contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial. Quien sustituya a Medina Mora deberá tener un perfil ajeno a toda sospecha de corrupción, complicidad, compadrazgo o favoritismo.
Tendrá que ser un jurista intachable; de probada trayectoria; con el más amplio conocimiento en el derecho. Integro e insobornable, que no se doblegue ante las presiones. Un guardián de nuestra Constitución.
En el Tribunal Constitucional mexicano recae la más alta responsabilidad de impartir justicia, controlar el poder, materializar los derechos fundamentales y prevalecer el Estado de derecho.
Recordemos que si bien, los ministros del Poder Judicial no son elegidos por los ciudadanos, también tienen la responsabilidad de representar y cuidar por los intereses de todos. Sus interpretaciones deben ser compatibles con los más profundos anhelos de los mexicanos.
Enorme es la deuda que se tiene con los mexicanos ante la histórica ilegalidad y las torceduras de la ley. No más a las obscenas páginas de atropello, inequidad e injusticia.
