Existe un tema por demás urgente que atender. Un asunto de salud pública que por años fue relegado y, peor aún, estigmatizado: la salud mental. Lo cierto es que para nuestra sociedad es un tema que prefiere omitirse, ocultarse en las sombras, antes de entrar directamente al debate y a sus posibles soluciones. La pandemia del COVID-19 –la cual todavía nos tiene recluidos– exhibió todas las aristas de los trastornos mentales y discapacidades psicosociales. Hemos sentido en algún momento de esta larga cuarentena miedo, ansiedad, depresión, violencia. Repercusiones que afectan el estado anímico y la forma de convivencia con nuestra otredad y entorno. Por ello mismo, la imperiosa necesidad de contar con una Ley General de Salud Mental.
En mi calidad de legisladora, he tratado de guiar mi labor bajo principios de justicia social, bien común, legalidad, inclusión, no discriminación, respeto de derechos humanos. Las iniciativas de ley que he propuesto siguen ese mismo cauce y abordan temas fundamentales como el desarrollo y cultura de paz, paridad de género, libertad y derecho a decidir, igualdad sustantiva, libre desarrollo de la personalidad, protección a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros temas. Mi agenda política la he enfocado en un aspecto progresista y de ayuda. Pretendo dar voz a quienes no la tienen y escuchar de manera respetuosa y atenta todas las inquietudes de la sociedad porque estoy en lo cierto que este país se enriquece en la diversidad de ideas y opiniones. Privilegio el diálogo y el consenso, ante todo.
Por tal razón, con la voluntad de especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y un grupo nutrido de asesores, propuse la Ley General de Salud Mental que en los siguientes días se presentará ante el Pleno del Senado de la República para su aprobación. Esta ley, entre otras de sus bondades, está armonizada con el bloque de convencionalidad. Respetuosa de la dignidad y libertad de la persona, regula las bases y modalidades para garantizar el derecho humano a la salud mental, el acceso y prestación de los servicios a toda la población. No sobra decir que está apegada a derechos humanos, con enfoque de género y bajo la tutela del principio de no discriminación. Es una ley integral que pretende resarcir esta deuda histórica que tiene el Estado mexicano para con las personas.
Sabedora de que la salud mental será medular en sociedades resilientes que nos depara el porvenir y, como dijera Yuval Noah Harari, gran pensador contemporáneo: lo más importante de cara al futuro es invertir en inteligencia emocional y en salud mental, porque los obstáculos más difíciles serán psicológicos. Celebramos la buena nueva.
