Por mucho tiempo el salario mínimo se mantuvo artificialmente bajo para atraer la inversión extranjera, especialmente de la industria manufacturera. Este fue uno de los pendientes que se tuvieron que atender en la renegociación del T-Mec, pues la competitividad de México, y el éxito de algunas empresas, se soportaba en parte sobre la explotación del personal, y no en una competencia justa entre factores de producción, lo que, si bien ayudó a crear empleos, impidió a la clase trabajadora acceder a una vida digna por medio de sus ingresos.
Incluso el Banco de México llegó a realizar estudios donde advertía sobre los supuestos riesgos de despidos masivos y una inflación excesiva de aprobarse aumentos al salario mínimo, por lo que año con año el poder de compra de las familia mexicanas fue reduciéndose. Para 2012, la reforma laboral que, hoy sabemos, pudo ser impulsada mediante sobornos, concretó la mercantilización del trabajo permitiendo, entre otras prácticas contra los derechos laborales, que el pago de salarios caídos tuviera como tope máximo 12 meses, contratos a prueba y de iniciación, la fragmentación de la jornada laboral para pagar por horas de trabajo, y la legalización de la subcontratación de personal, que ya se venía practicando al margen de la ley.
Fue esta política neoliberal que se coludió con el poder económico en contra de los derechos de las mayorías, la que causó el hartazgo de la población e impulsó la transformación de 2018. Desde entonces, los aumentos acumulados de cada año al salario mínimo han rebasado el 60 por ciento, pasando de 88.36 en 2018, a 141.7 pesos diarios para 2021; además, en 2020 se modificó la Ley Federal del Trabajo para establecer que las modificaciones y actualizaciones del salario mínimo nunca estén por debajo del aumento de la inflación, lo que evitará más detrimentos al poder adquisitivo de la clase trabajadora.
Con la reciente prohibición de la subcontratación de personal aprobada en el Congreso de la Unión, se enmienda un error, una traición contra las trabajadoras y trabajadores de México, poniendo un alto a la simulación, el desconocimiento de relaciones laborales y la evasión fiscal, permitiendo únicamente la subcontratación de servicios especializados cuando el objeto sea distinto al giro de la empresa, lo que nos advierte, por ejemplo, que el personal de limpieza seguirá trabajando bajo este mecanismo, pero con nuevas medidas de protección como la responsabilidad solidaria de la empresa contratista y la empresa contratante, y la obligación de ambas de conocer los documentos probatorios del cumplimiento cabal de sus contribuciones y obligaciones patronales. Y aunque falta mucho para equilibrar las relaciones obrero-patronales, los cambios históricos de la Cuarta Transformación vaticinan un mejor escenario laboral en la nueva normalidad.
