La pandemia del Covid-19 que ha convivido con nosotros por más de dos años trajo consigo no solamente un gran número de contagios y muertes a su paso, a nivel mundial, a la par de la contingencia de salud se formó una crisis simultanea, la de la economía.
Tan solo en México, se estima que aproximadamente 12 millones de personas perdieron su empleo y más de 1.1 millones de establecimientos comerciales, principalmente pequeños negocios, tuvieron que cerrar su puertas de manera definitiva.
Sumado a lo anterior, las malas decisiones del Gobierno Federal en materia económica han ocasionado una contracción en la economía de -0.1% en términos reales durante el cuarto trimestre de 2021, lo que implicaría que nuestro país se encuentra en recesión técnica.
En ese mismo tenor, analistas creen que el crecimiento económico de México ni siquiera llegará al 2% este año, muy, muy lejos del alegre 5% que nos prometió el Presidente López.
Y cierto es, que el pasado mes de enero se registró la peor cuesta de enero que se ha visto en los últimos 20 años, motivada por la inflación general anual que se ubicó en 7.07%.
En el caso particular de Zacatecas, también se adhieren otra serie de situaciones que han impactado en la economía local.
Las principales ocupaciones en nuestro estado son el comercio, el campo y muy importantes también los gremios de educación y de salud y todos estos se han visto perjudicados por la inseguridad y la falta de pago por parte de las autoridades.
Ahora bien, sabemos que aunque no nos guste la deuda, las únicas formas de acceder a una casa, a un buen coche, o a una buena universidad, entre otras, es precisamente a través de la contratación de un crédito.
Pero con la economía “patas para arriba” y con la cantidad de compromisos que las familias mexicanas asumimos, miles de personas se vieron en la triste situación de no poder cumplir más de una ocasión con el pago que mes a mes deben de realizar a las instituciones bancarias.
Y aunque hoy ya hayan cubierto el total de su deuda, su nombre aparecerá registrado en el buró de crédito, una especie de castigo con la que cargará la persona que se haya visto en esta situación, por al menos tres años.
Por lo anterior, en días pasados presenté un proyecto de decreto de reforma a los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia, a fin de que el periodo en que una persona en situación de mora se encuentre registrada, disminuya a 48 meses, y que en tanto la familia se recapitaliza, pueda volver a encontrar una forma de salir adelante.
Sabemos que desde la Cámara de Diputados al igual que la de Senadores, la prioridad del bloque oficialista, que hoy son mayoría, está en otros temas, pero esperaremos contar con su apoyo para aprobar esta iniciativa en beneficio de la economía de las familias.
