La conclusión de un año siempre debe ser una oportunidad para analizar las acciones llevadas a cabo en ese periodo de tiempo, para valorar los aciertos o errores y las causas de cada uno, para dar continuidad a aquellos proyectos personales y profesionales que estén dando frutos, así como para iniciar nuevos.
En el contexto nacional, es claro que existirán una serie de modificaciones al marco jurídico en diversos ámbitos, entre ellos el electoral, lo que obligará a los operadores jurídicos a hacer adecuaciones a la forma en que llevan a cabo su actividad sustantiva, con independencia de ello; quienes se encargan de la administración de los mecanismos materiales deben de buscar que los procesos electorales sean más eficientes y que den certeza a la ciudadanía.
Debe tenerse en cuenta que la función electoral constituye un elemento esencial del estado que se considere democrático, pues, es a través de la ejecución de los diversos mecanismos que permiten que se integren los poderes públicos a través del sufragio, por el cual, la ciudadanía expresa su voluntad, se materializa el principio de soberanía popular.
En este tenor, quienes participamos en alguna parte del sistema plebiscitario tenemos el deber de tutelar que los principios constitucionales rectores de la materia sean observados, buscando depurar cualquier irregularidad o ilicitud y con ello, abonar a la confianza ciudadana en el sistema democrático.
Por supuesto que las instituciones electorales deben de transparentar su actuación y regir su función de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y ciudadanizar su actuación a través de medidas como la simplificación del lenguaje, pero también; le corresponde a la ciudadanía el deber de involucrarse en este tipo de cuestiones.
Esto es así, pues la riqueza de la vida pública no sólo depende de la actuación de los órganos gubernamentales, sino también de la participación ciudadana que en todo momento debe mantener una visión crítica sobre el desempeño del estado y de los servidores públicos que lo integran.
No está por demás decir que, tanto la sociedad como el estado, deben buscar desde sus respectivos ámbitos la optimización de la función pública, así como la observancia irrestricta de la ley con miras a crear un verdadero estado de derecho y con ello mejorar las condiciones de vida de la población.
Así, es necesario que el compromiso de servir y mejorar la vida pública nacional se asuma como un mandato de vida y se renueve día a día.
Desde luego, que contribuir a mejorar la vida nacional requiere de disciplina, trabajo y sacrificios, sin embargo; al sumarse de forma conjunta a esta labor se conseguirán logros de forma individual y colectiva.
Por mi parte, reitero el compromiso de ejercer la labor que me fue encomendada en apego a los principios constitucionales rectores de la función jurisdiccional, y mantener apertura a los reclamos y observaciones de la sociedad, procurando mejorar la forma en que se comunican las decisiones.
Sin más, aprovecho la ocasión para desearles un muy exitoso año 2020.
