/ lunes 24 de febrero de 2020

Qué sé de justicia electoral

Para efectos de garantizar que los mecanismos jurisdiccionales resulten efectivos, es necesario que exista un marco jurídico que permita su desarrollo y en ese mismo sentido que permita que las autoridades encargadas de su ejecución puedan ejercer adecuadamente sus funciones.

Por ello, resulta relevante la propuesta que realiza el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al paquete de reformas a diversos ordenamientos que regulan al Poder Judicial, la cual fue presentada ante el ejecutivo, la semana pasada.

Esto es destacable en la medida que el Poder Judicial de la Federación a través de los diversos órganos que lo integran como son: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal (este último administrador de la totalidad de los Tribunales y Juzgados Federales); es depositario de los mecanismos concentrados de control de constitucionalidad, además de ser en múltiples ocasiones la última instancia en la resolución de juicios en todas las materias.

Así las cosas, es evidente que resulta necesario poner especial atención a aquellas reformas que pretendan modificar su estructura y funcionamiento, y teniendo especial cuidado en que se preserve la independencia interna y externa de los impartidores de justicia, así como que se apegue a los demás principios rectores de tal función, profesionalismo, excelencia, imparcialidad y objetividad.

A este respecto, el hecho de que la reforma provenga de la Presidencia de la Suprema Corte de la Nación debe tomarse como una señal positiva, pues, está viene del interior del propio poder judicial y atiende a aquellos aspectos que se estiman de mayor relevancia para mejorar su funcionamiento.

Con independencia de ello, es necesario conocer a fondo las reformas propuestas y hacer un análisis crítico e informado de su contenido, pues, cómo ya se ha mencionado la sociedad debe estar pendiente de la firma en que se regula y controla a los encargados de la defensa de sus derechos y de la definición de su situación jurídica.

Para efectos de garantizar que los mecanismos jurisdiccionales resulten efectivos, es necesario que exista un marco jurídico que permita su desarrollo y en ese mismo sentido que permita que las autoridades encargadas de su ejecución puedan ejercer adecuadamente sus funciones.

Por ello, resulta relevante la propuesta que realiza el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al paquete de reformas a diversos ordenamientos que regulan al Poder Judicial, la cual fue presentada ante el ejecutivo, la semana pasada.

Esto es destacable en la medida que el Poder Judicial de la Federación a través de los diversos órganos que lo integran como son: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal (este último administrador de la totalidad de los Tribunales y Juzgados Federales); es depositario de los mecanismos concentrados de control de constitucionalidad, además de ser en múltiples ocasiones la última instancia en la resolución de juicios en todas las materias.

Así las cosas, es evidente que resulta necesario poner especial atención a aquellas reformas que pretendan modificar su estructura y funcionamiento, y teniendo especial cuidado en que se preserve la independencia interna y externa de los impartidores de justicia, así como que se apegue a los demás principios rectores de tal función, profesionalismo, excelencia, imparcialidad y objetividad.

A este respecto, el hecho de que la reforma provenga de la Presidencia de la Suprema Corte de la Nación debe tomarse como una señal positiva, pues, está viene del interior del propio poder judicial y atiende a aquellos aspectos que se estiman de mayor relevancia para mejorar su funcionamiento.

Con independencia de ello, es necesario conocer a fondo las reformas propuestas y hacer un análisis crítico e informado de su contenido, pues, cómo ya se ha mencionado la sociedad debe estar pendiente de la firma en que se regula y controla a los encargados de la defensa de sus derechos y de la definición de su situación jurídica.