/ jueves 23 de abril de 2020

Qué sé de justicia electoral

Ante la situación sanitaria que impera, es imposible no hacer mención a la forma en que el COVID-19 ha impactado en la forma en que vivimos y que desarrollamos nuestras actividades diarias, y también diversas necesidades sociales.

En primer término, consideramos pertinente hacer referencia aun tema que hemos abordado de forma recurrente, que es el de la violencia contra la mujer.

Según datos mostrados en diversos medios de comunicación y a reserva de verificar la información oficial que se emita al respecto, los casos de violencia familiar se han aumentado con motivo del resguardo domiciliario, incluso, se señaló que este fenómeno era una causa que también justificaba la suspensión de labores de las empresas cerveceras, además claro, de no haber sido considerada como una actividad prioritaria de conformidad con el acuerdo para la atención de emergencia sanitaria publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Efectivamente, al ordenarse el resguardo domiciliario de la población, es factible que se incremente la comisión de actos de violencia en contra de la mujer y de menores, máxime que el hacinamiento y el cambio radical de modo de vida puede generar un ambiente propicio para ello, aun cuando no se pueda considerar justificable en alguna medida la violencia de esta índole.

Es claro que estamos en una situación atípica, sin embargo, esto resultaría un punto de oportunidad para determinar sí las entidades públicas correspondientes en una situación de emergencia están en condiciones de atender a las víctimas de violencia intrafamiliar, o bien, cuales son las mejoras que se pueden implementar para otorgar condiciones de seguridad y protección, análisis que también pueden realizar las instituciones de asistencia privada dedicadas a la protección de mujeres y niños.

En otro aspecto, y que puede encontrarse relacionado, es preciso señalar cómo es que la emergencia sanitaria ha impactado el servicio publico de impartición de justicia.

Según el acuerdo de emergencia sanitaria, las actividades de procuración de justicia se consideran esenciales, esto implica que los órganos jurisdiccionales, así como los ministerios públicos están en condiciones de seguir prestando sus servicios.

Sin embargo, dada la necesidad de evitar la concentración masiva de personas, se ha limitado la actuación de los órganos jurisdiccionales reservándose para su trámite aquellos que se consideren de carácter urgente, los cuales en el caso de la justicia federal se han definido en diversos acuerdos generales de los órganos de administración del Poder Judicial de la Federación, siendo que el listado de tales asuntos se elabora de manera enunciativa más no limitativa dejando a los titulares de los órganos jurisdiccionales la posibilidad de calificar si en el caso existe alguna violación a algún derecho humano que justifique dar tramite a algún asunto de forma urgente.

Sin embargo, el escenario actual debe ser un punto de partida para analizar las fortalezas de los mecanismos de impartición de justicia en línea.

Actualmente, ya es posible la tramitación en línea de diversos medios de impugnación, no solo ante el Poder Judicial de la Federación, sino ante otros órganos como lo son el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero, en todo caso, debe hacerse una revisión profunda y detallada sobre la forma en que estos mecanismos funcionan y la certeza que dan a los justiciables, y también, a los litigantes les corresponde conocer estos mecanismos y capacitarse en su uso, para que en conjunto con los impartidores de justicia se implementen las mejoras necesarias y con ello, garantizar en mayor medida el derecho de acceso a la justicia.

Finalmente, hacemos un llamado para que, en la medida de lo posible, se atiendan las recomendaciones de las autoridades de salud para superar como sociedad el reto en común que la emergencia sanitaria nos presenta.

Ante la situación sanitaria que impera, es imposible no hacer mención a la forma en que el COVID-19 ha impactado en la forma en que vivimos y que desarrollamos nuestras actividades diarias, y también diversas necesidades sociales.

En primer término, consideramos pertinente hacer referencia aun tema que hemos abordado de forma recurrente, que es el de la violencia contra la mujer.

Según datos mostrados en diversos medios de comunicación y a reserva de verificar la información oficial que se emita al respecto, los casos de violencia familiar se han aumentado con motivo del resguardo domiciliario, incluso, se señaló que este fenómeno era una causa que también justificaba la suspensión de labores de las empresas cerveceras, además claro, de no haber sido considerada como una actividad prioritaria de conformidad con el acuerdo para la atención de emergencia sanitaria publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Efectivamente, al ordenarse el resguardo domiciliario de la población, es factible que se incremente la comisión de actos de violencia en contra de la mujer y de menores, máxime que el hacinamiento y el cambio radical de modo de vida puede generar un ambiente propicio para ello, aun cuando no se pueda considerar justificable en alguna medida la violencia de esta índole.

Es claro que estamos en una situación atípica, sin embargo, esto resultaría un punto de oportunidad para determinar sí las entidades públicas correspondientes en una situación de emergencia están en condiciones de atender a las víctimas de violencia intrafamiliar, o bien, cuales son las mejoras que se pueden implementar para otorgar condiciones de seguridad y protección, análisis que también pueden realizar las instituciones de asistencia privada dedicadas a la protección de mujeres y niños.

En otro aspecto, y que puede encontrarse relacionado, es preciso señalar cómo es que la emergencia sanitaria ha impactado el servicio publico de impartición de justicia.

Según el acuerdo de emergencia sanitaria, las actividades de procuración de justicia se consideran esenciales, esto implica que los órganos jurisdiccionales, así como los ministerios públicos están en condiciones de seguir prestando sus servicios.

Sin embargo, dada la necesidad de evitar la concentración masiva de personas, se ha limitado la actuación de los órganos jurisdiccionales reservándose para su trámite aquellos que se consideren de carácter urgente, los cuales en el caso de la justicia federal se han definido en diversos acuerdos generales de los órganos de administración del Poder Judicial de la Federación, siendo que el listado de tales asuntos se elabora de manera enunciativa más no limitativa dejando a los titulares de los órganos jurisdiccionales la posibilidad de calificar si en el caso existe alguna violación a algún derecho humano que justifique dar tramite a algún asunto de forma urgente.

Sin embargo, el escenario actual debe ser un punto de partida para analizar las fortalezas de los mecanismos de impartición de justicia en línea.

Actualmente, ya es posible la tramitación en línea de diversos medios de impugnación, no solo ante el Poder Judicial de la Federación, sino ante otros órganos como lo son el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero, en todo caso, debe hacerse una revisión profunda y detallada sobre la forma en que estos mecanismos funcionan y la certeza que dan a los justiciables, y también, a los litigantes les corresponde conocer estos mecanismos y capacitarse en su uso, para que en conjunto con los impartidores de justicia se implementen las mejoras necesarias y con ello, garantizar en mayor medida el derecho de acceso a la justicia.

Finalmente, hacemos un llamado para que, en la medida de lo posible, se atiendan las recomendaciones de las autoridades de salud para superar como sociedad el reto en común que la emergencia sanitaria nos presenta.