/ jueves 3 de septiembre de 2020

Qué sé de justicia Electoral

El desarrollo de los procesos para la renovación de los poderes públicos, claramente tiene que ser acorde a la realidad fáctica, la cual en este caso, se ha visto afectada con motivo de la contingencia sanitaria.

La necesidad de evitar concentraciones masivas de personas, así como de mantener la sana distancia han tenido como consecuencia hechos sin precedentes en épocas recientes, la suspensión de todas aquellas actividades no esenciales, entre las cuales se ubicaron aquellas relacionadas con los procesos electorales.

Este año se llevarían a cabo los procesos electorales para la renovación de los ayuntamientos en el estado de Hidalgo y el poder legislativo del estado de Coahuila, pero con motivo de la contingencia sanitaria declara por las autoridades de salud, existió la necesidad de modificar el calendario electoral.

El pasado diez de agosto, el Consejo General del INE, determinó que la fecha para que se llevará a cabo la jornada electoral sería el 18 de octubre de 2020, con la consecuente necesidad de que se ajustaran las fechas en las cuales se deberían de desarrollar cada una de las fases de la etapa preparatoria de la elección.

Ahora, el hecho de que las etapas de precampaña, registro y campaña deban desarrollarse durante las épocas de la emergencia sanitaria, implica un reto, pues deberán otorgarse los mecanismos suficientes para permitir que los partidos políticos puedan llevar a cabo sus procedimientos internos de selección de candidaturas, y también, para que se lleven a cabo las campañas sin generar concentraciones de personas.

Así, estas actividades que tradicionalmente se llevan a cabo de forma presencial ahora deberán desarrollarse preponderantemente de manera virtual o por medios electrónicos, con el fin de proteger la salud de las personas.

Aunado a lo anterior, esto deberá generar una nueva dinámica de supervisión de los actos de campaña, así como de fiscalización de los recursos utilizados, pues, los medios digitales pasarán a tener un papel más relevante del que actualmente les corresponde y por ende, la forma en que se aplicarán los recursos destinados para las campañas deberá ser fiscalizada teniendo en consideración la forma en que se llevan a cabo las diversas transacciones que serían necesarias para la difusión de los mensajes encaminados a obtener el apoyo de la ciudadanía.

Asimismo, será necesario analizar y establecer protocolos sanitarios para que la jornada electoral se lleve a cabo evitando la concentración masiva de personas, para proteger la salud de los votantes y funcionarios de casilla.

Es claro que la “nueva normalidad”, debe forzar a la sociedad a modificar patrones de conducta y convivencia, y que las instituciones deben establecer las medidas necesarias para prestar los servicios que les corresponden procurando proteger la salud de las personas, pero sin interrumpir su continuidad, pues la realización de las actividades que le corresponden a los diversos órganos de gobierno y a los poderes que lo integran son necesarias para la sociedad.

Para lo anterior, en el ramo electoral, las autoridades tanto administrativas como electorales, deberán desarrollar el uso de mecanismos que permitan a la ciudadanía acceder a los servicios que ofrecen, debiéndose mencionar como ejemplo la expedición de una constancia digital de la credencial para votar, implementada por el INE, así como la posibilidad de promover por la vía electrónica el recurso de reconsideración por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En todo caso, el contexto actual, debe tomarse como un punto de oportunidad para generar mejores condiciones para que las personas que pretendan ejercer un derecho en materia político-electoral lo puedan hacer sin poner en riesgo su salud.

El desarrollo de los procesos para la renovación de los poderes públicos, claramente tiene que ser acorde a la realidad fáctica, la cual en este caso, se ha visto afectada con motivo de la contingencia sanitaria.

La necesidad de evitar concentraciones masivas de personas, así como de mantener la sana distancia han tenido como consecuencia hechos sin precedentes en épocas recientes, la suspensión de todas aquellas actividades no esenciales, entre las cuales se ubicaron aquellas relacionadas con los procesos electorales.

Este año se llevarían a cabo los procesos electorales para la renovación de los ayuntamientos en el estado de Hidalgo y el poder legislativo del estado de Coahuila, pero con motivo de la contingencia sanitaria declara por las autoridades de salud, existió la necesidad de modificar el calendario electoral.

El pasado diez de agosto, el Consejo General del INE, determinó que la fecha para que se llevará a cabo la jornada electoral sería el 18 de octubre de 2020, con la consecuente necesidad de que se ajustaran las fechas en las cuales se deberían de desarrollar cada una de las fases de la etapa preparatoria de la elección.

Ahora, el hecho de que las etapas de precampaña, registro y campaña deban desarrollarse durante las épocas de la emergencia sanitaria, implica un reto, pues deberán otorgarse los mecanismos suficientes para permitir que los partidos políticos puedan llevar a cabo sus procedimientos internos de selección de candidaturas, y también, para que se lleven a cabo las campañas sin generar concentraciones de personas.

Así, estas actividades que tradicionalmente se llevan a cabo de forma presencial ahora deberán desarrollarse preponderantemente de manera virtual o por medios electrónicos, con el fin de proteger la salud de las personas.

Aunado a lo anterior, esto deberá generar una nueva dinámica de supervisión de los actos de campaña, así como de fiscalización de los recursos utilizados, pues, los medios digitales pasarán a tener un papel más relevante del que actualmente les corresponde y por ende, la forma en que se aplicarán los recursos destinados para las campañas deberá ser fiscalizada teniendo en consideración la forma en que se llevan a cabo las diversas transacciones que serían necesarias para la difusión de los mensajes encaminados a obtener el apoyo de la ciudadanía.

Asimismo, será necesario analizar y establecer protocolos sanitarios para que la jornada electoral se lleve a cabo evitando la concentración masiva de personas, para proteger la salud de los votantes y funcionarios de casilla.

Es claro que la “nueva normalidad”, debe forzar a la sociedad a modificar patrones de conducta y convivencia, y que las instituciones deben establecer las medidas necesarias para prestar los servicios que les corresponden procurando proteger la salud de las personas, pero sin interrumpir su continuidad, pues la realización de las actividades que le corresponden a los diversos órganos de gobierno y a los poderes que lo integran son necesarias para la sociedad.

Para lo anterior, en el ramo electoral, las autoridades tanto administrativas como electorales, deberán desarrollar el uso de mecanismos que permitan a la ciudadanía acceder a los servicios que ofrecen, debiéndose mencionar como ejemplo la expedición de una constancia digital de la credencial para votar, implementada por el INE, así como la posibilidad de promover por la vía electrónica el recurso de reconsideración por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En todo caso, el contexto actual, debe tomarse como un punto de oportunidad para generar mejores condiciones para que las personas que pretendan ejercer un derecho en materia político-electoral lo puedan hacer sin poner en riesgo su salud.