/ miércoles 16 de diciembre de 2020

Qué sé de justicia electoral

El pasado 25 de noviembre se conmemoró el día internacional de la violencia contra la mujer, pero, este año se da en un contexto complicado, dada la contingencia sanitaria originada por el virus COVID-19.

Sin embargo, la situación sanitaria, no evitó que este año hayamos testificado una serie de protestas encaminadas precisamente a hacer visible este fenómeno, a reclamar atención por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia y a concientizar a la población sobre la problemática de la violencia contra la mujer.

Ciertamente, esta problemática es más visible, pues, actualmente ya existen elementos para identificar cuando se está ante una conducta que puede constituir violencia contra la mujer, también más mecanismos para combatirla, pero, hace falta que la sociedad en general sea más sensible al respecto y que las autoridades ejerzan de forma plena las facultades que la ley les confiere para tales efectos.

Efectivamente, los hechos que pueden constituir violencia contra la mujer, no siempre son identificables, y desafortunadamente, muchos están tan arraigados en la sociedad que se normalizan, y no se reconocen como tal, o peor aún, se desconoce la necesidad de incluir supuestos específicos para tipificar y castigar los ilícitos que se focalizan a agredir a la mujer por ser mujer, como es el caso del feminicidio contra el cual han existido múltiples expresiones encaminadas a cuestionar su idoneidad.

No obstante, al tipificarse este tipo de actos e implementar instancias o mecanismos encaminados específicamente a combatirlos, radicarlos y sancionarlos, la defensa y protección de las mujeres es más factible y como tal, será un paso en la dirección correcta.

En el caso de la materia político-electoral, se han dado diversos avances, para que las mujeres puedan participar en condiciones de equidad y, además, para que puedan hacerlo sin sufrir de violencia.

En cuanto a la participación, tenemos que se reconoce la obligación de los partidos políticos de impulsar el liderazgo femenino, también, de postular candidaturas de manera paritaria, con el riesgo de que ante el quebranto de este mandato se sancione al partido con la negativa al registro de las diversas candidaturas, también, tenemos que en la designación de autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales se ha buscado alcanzar la paridad, generando una mayor presencia femenina en los órganos de toma de decisiones.

También, se ha creado un andamiaje jurídico, a través del cual se busca que la participación de la mujer se de libre de violencia, llegándose al extremo de implementar una lista de agresores en materia de violencia política de género, lo que les podrá impactar a quien estén registrados ahí en futuras aspiraciones políticas.

Por supuesto, que estamos lejos de ver una solución definitiva a esta problemática, pero, como lo mencionamos, cada paso que se da en el camino de asegurar a las mujeres el ejercicio de sus derechos debe considerarse positivo pues abrirá nuevas posibilidades.

En todo caso, debemos reconocer la labor que día a día realizan las mujeres para combatir la violencia en su contra, y para buscar que la sociedad sea más justa, máxime que esa labor se torna especialmente complicada pues va en contra de el ideario colectivo fuertemente arraigado en el que el hombre es el protagonista, cuestión que se ha demostrado que es falsa.

Por lo tanto, debemos invitar a la sociedad en general a ser partícipes en la búsqueda de una sociedad verdaderamente equitativa, además de erradicar todas aquellas conductas que afecten la dignidad humana de las mujeres, pues esta labor nos corresponde a todos y a todas.


El pasado 25 de noviembre se conmemoró el día internacional de la violencia contra la mujer, pero, este año se da en un contexto complicado, dada la contingencia sanitaria originada por el virus COVID-19.

Sin embargo, la situación sanitaria, no evitó que este año hayamos testificado una serie de protestas encaminadas precisamente a hacer visible este fenómeno, a reclamar atención por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia y a concientizar a la población sobre la problemática de la violencia contra la mujer.

Ciertamente, esta problemática es más visible, pues, actualmente ya existen elementos para identificar cuando se está ante una conducta que puede constituir violencia contra la mujer, también más mecanismos para combatirla, pero, hace falta que la sociedad en general sea más sensible al respecto y que las autoridades ejerzan de forma plena las facultades que la ley les confiere para tales efectos.

Efectivamente, los hechos que pueden constituir violencia contra la mujer, no siempre son identificables, y desafortunadamente, muchos están tan arraigados en la sociedad que se normalizan, y no se reconocen como tal, o peor aún, se desconoce la necesidad de incluir supuestos específicos para tipificar y castigar los ilícitos que se focalizan a agredir a la mujer por ser mujer, como es el caso del feminicidio contra el cual han existido múltiples expresiones encaminadas a cuestionar su idoneidad.

No obstante, al tipificarse este tipo de actos e implementar instancias o mecanismos encaminados específicamente a combatirlos, radicarlos y sancionarlos, la defensa y protección de las mujeres es más factible y como tal, será un paso en la dirección correcta.

En el caso de la materia político-electoral, se han dado diversos avances, para que las mujeres puedan participar en condiciones de equidad y, además, para que puedan hacerlo sin sufrir de violencia.

En cuanto a la participación, tenemos que se reconoce la obligación de los partidos políticos de impulsar el liderazgo femenino, también, de postular candidaturas de manera paritaria, con el riesgo de que ante el quebranto de este mandato se sancione al partido con la negativa al registro de las diversas candidaturas, también, tenemos que en la designación de autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales se ha buscado alcanzar la paridad, generando una mayor presencia femenina en los órganos de toma de decisiones.

También, se ha creado un andamiaje jurídico, a través del cual se busca que la participación de la mujer se de libre de violencia, llegándose al extremo de implementar una lista de agresores en materia de violencia política de género, lo que les podrá impactar a quien estén registrados ahí en futuras aspiraciones políticas.

Por supuesto, que estamos lejos de ver una solución definitiva a esta problemática, pero, como lo mencionamos, cada paso que se da en el camino de asegurar a las mujeres el ejercicio de sus derechos debe considerarse positivo pues abrirá nuevas posibilidades.

En todo caso, debemos reconocer la labor que día a día realizan las mujeres para combatir la violencia en su contra, y para buscar que la sociedad sea más justa, máxime que esa labor se torna especialmente complicada pues va en contra de el ideario colectivo fuertemente arraigado en el que el hombre es el protagonista, cuestión que se ha demostrado que es falsa.

Por lo tanto, debemos invitar a la sociedad en general a ser partícipes en la búsqueda de una sociedad verdaderamente equitativa, además de erradicar todas aquellas conductas que afecten la dignidad humana de las mujeres, pues esta labor nos corresponde a todos y a todas.