Este año se realizarán las elecciones más grandes de la historia electoral del país, aunque, tal descripción pudiere parecer reiterativa ya que cada ocasión en que se renuevan las legislaturas federales, se habla del proceso más grande, como ocurrió por ejemplo el año 2018.
Ahora, este proceso electoral nos trae diversos elementos que deberán tomarse en cuenta.
Primero, la forma en que deberá desarrollarse el proceso electoral por la contingencia sanitaria, porque si bien, el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 da una esperanza de que se puedan retomar las actividades, no es certero que a la fecha de la celebración de la jornada se haya normalizado el tema de las concentraciones masivas de personas.
Luego, estamos en presencia de un escenario donde existen aparentes choques entre diversos actores políticos, respecto al desempeño de las actividades que constitucionalmente les están reconocidas.
Esto es relevante en la medida que la revisión de dichos actos, así como las determinaciones alcanzadas a través de sentencias, permiten darle forma al sistema jurídico, estableciéndose de forma adecuada el alcance de las facultades y obligaciones que les corresponde cómo órganos integrantes del estado, dotando de certeza respecto de aquellos actos que pueden realizar de forma válida conforme al marco jurídico.
Luego, el marco jurídico de protección de los derechos políticos de las mujeres será aplicado en un proceso electoral federal.
Al respecto, no es ajeno a nadie que las mujeres han elevado un reclamo más que justificado para evidenciar el clima de violencia en el que viven, y el plano político-electoral, no es ajeno a esa circunstancia.
En este tenor, hemos sido testigos de actos en los que se cuestiona a la mujer por el simple hecho de ser mujer, pero, ahora, existe un marco jurídico que puede ser una herramienta útil para contener, combatir y erradicar este tipo de prácticas en el terreno político electoral.
También, hemos visto que en diversas entidades e incluso a nivel federal, se ha promocionado la participación de personas integrantes de pueblos originarios en la elección de cargos de elección popular.
Efectivamente, en el pasado proceso electoral, el INE a través de un acuerdo general estableció la forma en que los partidos políticos deberían postular sus candidaturas a efecto de generar la presencia de personas que se autoidentifican como indígenas.
Y también, diversas entidades, han incorporado en su normativa medidas electorales de ese tipo.
Esto por señalar algunas cuestiones, de ahí que sostenemos que en términos del derecho electoral y de la forma en que se desarrollarán las elecciones, será un proceso que servirá para consolidar el sistema electoral que actualmente nos rige, desde un punto de vista orgánico como también en el plano legal.
Además de lo mencionado, no debemos perder de vista que la ciudadanía será el factor más trascendente para el desarrollo del proceso electoral, pues, le corresponderá participar al emitir su sufragio, lo que deberá de hacer, después de una verdadera revisión y análisis de las opciones políticas que se le presentan, lo cual, redundará en la formación del mapa político nacional.
En todo caso, tenemos que tener confianza en que nuestras instituciones, son lo suficientemente fuertes y apegadas al principio de legalidad para acatar las reglas constitucionales y legales, y en su caso, sujetarse a las determinaciones de los órganos jurisdiccionales en materia electoral y que la sociedad, ha adquirido madurez en cuanto al ejercicio de sus derechos político-electorales.
*Magistrado del Tribunal Electoral, Sala Monterrey.
