Una democracia incluyente, implica que todos los grupos de la sociedad tengan una voz y sean representados en los órganos gubernamentales de toma de decisión.
En teoría, la representación de estos grupos tendría que reflejarse en las acciones tomadas a través de los servidores públicos electos a través del sufragio, pero, esto no excluye la necesidad de que las personas que integran los grupos minoritarios por sí mismas ocupen un cargo de elección popular.
Esto resulta necesario porque, las personas que forman parte de un grupo social son conocedoras de las necesidades que tienen, así como de las medidas que se tendrían que implementar, impulsar o reforzar para el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Al respecto, podemos mencionar que personas que tienen alguna discapacidad, son pertenecientes a la comunidad LGTBI+, los indígenas, afrodescendientes, por mencionar algunos grupos cuentan con una presencia mínima en los órganos de representación popular, por ende, lo idóneo es que se implementen medidas afirmativas para tales efectos.
Esto es así, pues, dichos grupos sociales se encuentran en una situación de desventaja y desigualdad, lo que motiva que a través de mandatos específicos se garantice su participación en los procesos comiciales.
Cabe mencionar que, a través de la acción jurisprudencial, se ha impulsado la implementación de este tipo de medidas, estableciéndose una obligación coactiva para los partidos políticos en el sentido de incluir a personas que formen parte de estos grupos sociales en sus postulaciones.
También, se ha vinculado a los órganos legislativos para que en las respectivas leyes de sus estados se establezca desde la ley la obligación de incluir este tipo de candidaturas.
La aplicación de este tipo de medidas es necesaria para que la pluralidad en la integración de los órganos de representación popular sea más que de partidos políticos, sino que también sea plural desde un punto de vista social, con lo que se enriquece el debate llevado al cabo en el seno de las legislaturas y de los gobiernos municipales.
Cabe mencionar que este tipo de acciones no se puede entender como una restricción en perjuicio de otros grupos sociales dominantes, pues, aun se permite su participación, y en todo caso, busca generar un equilibrio entre las relaciones de poder fácticas que existen en la sociedad.
El estado mexicano, tiene la obligación constitucional y convencional de garantizar que todos sus ciudadanos puedan ejercer sus derechos político-electorales en condiciones efectivas y de igualdad, y para cumplir con ese compromiso, debe desarrollar todas las medidas posibles para remover los obstáculos que constituyan un impedimento para ello.
Así, los actores políticos y los operadores jurídicos en la rama electoral, tienen el deber de permitir, en primera instancia de garantizar el goce y ejercicio de los derechos de participación ciudadana, y así, generar condiciones para que todos los grupos sociales puedan ser escuchados y representados en los órganos de gobierno siendo este uno de los objetivos de la democracia.
