Una condición que resulta necesaria para que la ciudadanía tenga confianza sobre la forma en que las instituciones que integran los diversos niveles de gobierno es que su gestión resulte transparente, y precisamente la ideología del gobierno abierto pugna porque la actividad gubernamental se rija bajo esa línea.
En efecto, en la medida que una institución de gobierno ponga a disposición de la ciudadanía de forma sencilla, accesible y pronta la información relacionada con su quehacer en el ámbito administrativo y sobre su actividad sustantiva.
Ahora, se puede evaluar el nivel de transparencia de una institución, en la medida que pone a disposición del público en general la información antes mencionada, con independencia del canal de difusión.
Si bien la transparencia es importante, su efecto por sí sola se limita a la información y rendición de cuentas, pero si se combina con los otros dos pilares del gobierno abierto (colaboración y participación), esto abriría un canal que permitiría a los ciudadanos, de cierta forma, involucrarse en la actividad gubernamental.
Esto es así, pues al contar con información sobre la gestión gubernamental, se permite que la ciudadanía exprese su opinión y avale o bien repruebe la actuación del órgano, asimismo, que se cuestione la forma en que se llevan a cabo las labores que les están encomendadas.
Este tipo de interacción, permite que las autoridades evalúen la idoneidad de su actuación con base en la retroalimentación ciudadana, y les permitirá implementar mejoras, sin que esto implique que es la opinión ciudadana el único parámetro que debe tomarse en cuenta para regir el desempeño de la actividad pública, pues en todo caso, debe existir una sujeción al marco legal que norma las funciones gubernamentales sin perjuicio, que esta se haga atendiendo al principio de interpretación pro personae.
En el caso de las instituciones encargadas de la operación de los mecanismos democráticos, la transparencia resulta esencial pues la ciudadanía debe tener plena confianza sobre la legalidad de su gestión y que esta se lleve bajo un respeto irrestricto a la ley; en esa medida, la interacción ciudadanía-órganos electorales, se torna relevante para garantizar que la integración de los órdenes gubernamentales electos a través del voto no obedece a otro interés más que el de la voluntad ciudadana expresada por este medio.
Lo anterior, resulta relevante, pues para propiciar ese diálogo entre los órganos gubernamentales y la sociedad, el poder público se encuentra obligado a implementar todas las medidas a su alcance que permitan conocer de fondo las razones que motivaron su actuación.
Tratándose de los órganos jurisdiccionales, esto se logra cuando las sentencias que dictan, pueden ser comprendidas por cualquier ciudadano, sin necesidad de que sea especialista en leyes.
Esta política pública judicial, es benéfica en la medida que permite que no solo los interesados, sino que cualquier persona pueda comprender el alcance de las leyes rectoras de la vida democrática, así como el contenido de sus derechos.
Lo anterior, también hace más fácil que se robustezca la participación ciudadana en el ámbito político electoral, pues con base en los criterios plasmados en resoluciones judiciales, los interesados pueden incluso hacer planteamientos sobre la forma en que podrán ser parte en los procesos electorales.
Es claro que desempeñar una función como la jurisdiccional de forma ciudadanizada, no es sencillo, pues por su propia naturaleza requiere un alto grado de lenguaje técnico, pero quienes prestamos este servicio público y en especial, cuando nos debemos conducirnos en este sentido, para generar un diálogo que enriquezca y fomente la participación de la sociedad civil.
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