/ viernes 20 de agosto de 2021

¿Quién se opone a la revocación de mandato?

Siguiendo al Dr. Jaime Cárdenas García, la causa profunda que ayuda a explicar la necesidad de la revocación de mandato es la crisis de la democracia representativa motivada por políticas neoliberales, ya que en este modelo se implementaron a rajatabla, y sin legitimidad alguna, recetas del extranjero en distintos países del mundo, entre ellos México. Y aunque la revocación de mandato es adoptada cada vez por más países, como Canadá, Suiza y Ecuador, en México su regulación y efectiva aplicación sigue presentando resistencias por parte de la oposición, quienes ven en esta figura una amenaza para sus intereses.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019, el 76.5 por ciento de las personas a quienes se preguntó, están de acuerdo o muy de acuerdo con la revocación de mandato, frente al 18.6 por ciento que se dijeron en desacuerdo o muy en desacuerdo, lo que deja ver el interés general de contar con medios efectivos de democracia participativa que generen equilibrios en el poder público, y así evitar abusos y traiciones a los compromisos que se hacían en campaña, sin la menor intención de cumplirlos realmente.

El pasado miércoles, la oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión evitó que se citara a un nuevo periodo extraordinario para discutir y, en su caso, aprobar la ley de revocación de mandato, que reglamentaría las modificaciones constitucionales en la materia que fueron aprobadas en 2019, por lo que ahora es una obligación del Poder Legislativo federal, lo que convierte la estrategia de la oposición en una simple dilatoria, ya que tarde o temprano deberán emitir dicho ordenamiento.

La resistencia de la oposición a este tipo de mecanismos ya se manifestó durante la discusión de la normativa en materia de consulta popular, demostrando que su único motivo de fondo es el miedo a poner en manos de la ciudadanía la toma de decisiones, ya que otros argumentos, como los costos que implican su realización, palidecen ante su interés de frenar la participación ciudadana, al insistir en que la jornada de consulta se realizara en un día distinto al de la jornada electoral, con el claro objetivo de desincentivar la concurrencia de la población.

Otra de las grandes angustias de la oposición es el dilema de someter al presidente Andrés Manuel López Obrador o no a la revocación de mandato, ya que si bien sus anhelos están por acabar de forma anticipada con el actual gobierno, la realidad es que la aprobación del presidente a 8 meses de comenzar el año, no presenta disminución alguna respecto de diciembre del año pasado, manteniéndose muy por arriba de sus antecesores, por lo que su táctica resulta obvia: ignorar estos mecanismos y demeritar su enorme relevancia para el progreso de nuestra democracia.

A diferencia de otros gobernantes que en campaña se comprometen hasta a lo imposible con tal de ganar votos, y que al final ni cumplen ni se van, el presidente Andrés Manuel y la bancada de Morena en el Congreso siguen firmes en su intención de cumplir con el compromiso 82 de 100, que es someterse a la voluntad popular para determinar si concluye o no su mandato, pero sobre todo, para dejar un legado democrático en nuestro sistema jurídico que garantice la continuidad de la transformación de nuestra vida pública.


Siguiendo al Dr. Jaime Cárdenas García, la causa profunda que ayuda a explicar la necesidad de la revocación de mandato es la crisis de la democracia representativa motivada por políticas neoliberales, ya que en este modelo se implementaron a rajatabla, y sin legitimidad alguna, recetas del extranjero en distintos países del mundo, entre ellos México. Y aunque la revocación de mandato es adoptada cada vez por más países, como Canadá, Suiza y Ecuador, en México su regulación y efectiva aplicación sigue presentando resistencias por parte de la oposición, quienes ven en esta figura una amenaza para sus intereses.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019, el 76.5 por ciento de las personas a quienes se preguntó, están de acuerdo o muy de acuerdo con la revocación de mandato, frente al 18.6 por ciento que se dijeron en desacuerdo o muy en desacuerdo, lo que deja ver el interés general de contar con medios efectivos de democracia participativa que generen equilibrios en el poder público, y así evitar abusos y traiciones a los compromisos que se hacían en campaña, sin la menor intención de cumplirlos realmente.

El pasado miércoles, la oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión evitó que se citara a un nuevo periodo extraordinario para discutir y, en su caso, aprobar la ley de revocación de mandato, que reglamentaría las modificaciones constitucionales en la materia que fueron aprobadas en 2019, por lo que ahora es una obligación del Poder Legislativo federal, lo que convierte la estrategia de la oposición en una simple dilatoria, ya que tarde o temprano deberán emitir dicho ordenamiento.

La resistencia de la oposición a este tipo de mecanismos ya se manifestó durante la discusión de la normativa en materia de consulta popular, demostrando que su único motivo de fondo es el miedo a poner en manos de la ciudadanía la toma de decisiones, ya que otros argumentos, como los costos que implican su realización, palidecen ante su interés de frenar la participación ciudadana, al insistir en que la jornada de consulta se realizara en un día distinto al de la jornada electoral, con el claro objetivo de desincentivar la concurrencia de la población.

Otra de las grandes angustias de la oposición es el dilema de someter al presidente Andrés Manuel López Obrador o no a la revocación de mandato, ya que si bien sus anhelos están por acabar de forma anticipada con el actual gobierno, la realidad es que la aprobación del presidente a 8 meses de comenzar el año, no presenta disminución alguna respecto de diciembre del año pasado, manteniéndose muy por arriba de sus antecesores, por lo que su táctica resulta obvia: ignorar estos mecanismos y demeritar su enorme relevancia para el progreso de nuestra democracia.

A diferencia de otros gobernantes que en campaña se comprometen hasta a lo imposible con tal de ganar votos, y que al final ni cumplen ni se van, el presidente Andrés Manuel y la bancada de Morena en el Congreso siguen firmes en su intención de cumplir con el compromiso 82 de 100, que es someterse a la voluntad popular para determinar si concluye o no su mandato, pero sobre todo, para dejar un legado democrático en nuestro sistema jurídico que garantice la continuidad de la transformación de nuestra vida pública.


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