No hay sentencia alguna
Dos estafas en Zacatecas brincaron un año más: la estafa maestra y la estafa legislativa. Al menos hasta ahora, no hay sentencia de un juez donde se exhiba a los culpables. En ambas, sólo hay las sospechas de qué instituciones y personas están involucradas en una y en otra. La realidad de las cosas es que no hay nada claro. Lo que sí, una mancha en la BUAZ y la LXIII Legislatura.
Los sospechosos no han hablado.
Sólo como referente, una viene desde 2016, la estafa maestra, la otra surgió a finales de 2021, la estafa legislativa. En la primera, la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) tristemente, se vio salpicada por un probable acto de corrupción en una de sus acreditadas unidades académicas (la UACyA), el rector era en que aquel entonces Armando Silva Cháirez.
El tiempo corre y no pasa nada.
En el caso de la segunda, la estafa legislativa denunciada por el polémico diputado de Morena, Ernesto González Romo, pasa exactamente lo mismo. El caso se encuentra en la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que encabeza Pablo Gómez. Se supone que también la denuncia yace en la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Raúl Brito Berumen.
Tampoco hay avances.
La estafa maestra
En cuanto a la estafa maestra justo es decir que no sólo salpicó a la BUAZ, sino también a otras instituciones publicadas como tecnológicos y universidades. Por eso decimos, que muchas son las sospechas en su paso por Zacatecas, pero que aún no hay una sentencia judicial en firme contra los probable involucrados. Unos ya en Estados Unidos y otros refugiados en los partidos políticos.
Las cosas por su nombre.
Hasta ahora, lo más lamentable de la estafa maestra es que ha creado una enorme marcha de sospecha de corrupción en institutos tecnológicos y universidades públicas. En el tema de la BUAZ se enmarca dentro de otro caso de corrupción. Se destinaron recursos públicos para proyectos que nunca se realizaron, en cambio sí desviaron los recursos y los personajes lo aceptaron.
Es parte del entramado.
Por supuesto, para no afectar el debido proceso en el que se encuentra la estafa maestra, caso Zacatecas, los nombres que hasta ahora se mencionan no pueden conformarse como tal, sin embargo, en su momento, formaron parte de las instituciones con alguna responsabilidad y es eso lo que tiene en la mira de haber caído en actos de corrupción con dinero público no comprobado.
Es tan simple y confuso a la vez.
La estafa legislativa
Y aquí, la situación también está estancada, ya el autor de la denuncia mejor guardó silencio bajo el argumento que sea una autoridad quien ratifique o exima actos de corrupción en la pasada LXIII Legislatura del Estado, en donde 25 exdiputados habrían desaparecido 200 millones de pesos con “facturas apócrifas”. Dicho de otra manera, se habría quedado con ese recurso del erario.
En su momento, todo se veía serio.
En medio de esta discusión, la ironía es que varios de los exlegisladores señalados por facturar sin existir el domicilio, ahora forman parte de la nueva gobernanza. Dirían los clásicos: el mundo al revés. La realidad, es que no hay nada claro sobre las presuntas corruptelas. Habrá que ver si el legislador González Romo continúa con el tema.
Hasta ahora no hay nada, de nada.
En resumen, dos estafas rondan en territorio zacatecano, ambas sin sentencia de un juez, lo que sí es que continuarán siendo una asignatura pendiente por resolver. De tal suerte, que habrá que armarse de paciencia para esperar alguna sentencia firme judicial contra los ahora sospechosos.
Todo está muy en abstracto.
Hasta mañana.
