México sigue avanzando hacia la transformación más profunda, aquella que renovará por completo las instituciones, la visión y ejercicio del servicio público y el propio Estado de derecho. De la mano de lo anterior, la consolidación de políticas públicas enfocadas en la protección de los derechos humanos, no se detiene. La regulación del cannabis ratifica que en nuestro país, la renovación es una realidad que busca el máximo bienestar del pueblo.
El pasado 19 de noviembre el Senado de la República de México dio un paso adelante en la protección de los derechos humanos. En una decisión histórica que pone en el centro de la misma el máximo bienestar de todas y todos los mexicanos, se logró la regulación del uso responsable del cannabis y sus derivados, para regular las diversas etapas: almacenamiento, comercialización, etiquetado, exportación, siembra, venta, entre otros.
El propósito principal de esta decisión es mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano y contribuir a la reducción de la incidencia delictivida vinculada con el narcotráfico, pues como es sabido la manera en la cual fue abordado el tema durante años por el viejo regimen, sólo desembocó en una cada vez más fuerte ola de violencia que, a su paso, ha dejado como principales perjudicados a jóvenes, mujeres y pueblos indígenas.
Hoy, la visión es otra. Las viejas formas han caducado y ya no se trata de intereses de un reducido sector, sino del único soberano: el pueblo. Ante la aprobación de la Ley General para la Regulación del Cannabis en el Senado, es pertinente hacer algunas precisiones que brinden mayor claridad del panorama.
En primer lugar, los usos autorizados del cannabis son, específicamente, el industrial, en adultos y en investigación. En cuanto al consumo, se deja claro que de ninguna manera se permitirá en personas menores de 18 años o frente a ellas, con el fin de evitar impactos nocivos causados por el humo. En alcance a la autorización del consumo, se permitirá tener 6 plantas de cannabis por personas y hasta 8 por vivienda, si ésta es habitada por más de una persona consumidora.
Por otro lado, es importante señalar que para aplicar y vigilar el cumplimiento de esta Ley, se creó el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, el cual vigilará toda la cadena productiva del cannabis y sus derivados, su consumo, el otorgamiento de licencias, la aplicación de sanciones, entre otros. En todo caso, las sanciones penales sólo procederán ante la posesión de más de 200 gramos de cannabis.
Con esta reforma, se ratifica que, en el nuevo régimen, lo fundamental es legislar con una perspectiva de justicia social y a favor de quienes históricamente han permanecido en condición de vulnerabilidad.
Seguiremos atentos a lo que sucederá en el Senado de la República en los próximos días. Se aproxima la discusión de temas de gran calado y relevantes para el rumbo del país como lo son la reforma integral al Poder Judicial y la eliminación del fuero presidencial.
