/ martes 12 de septiembre de 2023

Responsabilidad política activa

En una democracia, la rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales que garantizan la transparencia y la responsabilidad de los gobernantes que son electos mediante el sufragio universal. En ese sentido, los informes de gobierno que se realizan anualmente, representan una de las herramientas esenciales para que los ciudadanos evalúen el desempeño de sus líderes políticos, entiendan las acciones ejecutadas y exijan una gestión responsable. Estamos en el mes de septiembre, periodo en el que, a lo largo y ancho del país, distintas autoridades de los diferentes niveles y poderes, llevan a cabo su ejercicio de informar a la sociedad sobre sus logros, desafíos y planes futuros. Lo anterior, a fin de que la ciudadanía pueda conocer de primera mano, los avances en los proyectos que les fueron planteados desde que los actores políticos se acercaron en búsqueda del respaldo popular.

La obligación de las autoridades de rendir un informe sobre su encargo ya se contemplaba en la Constitución Política de 1857, donde se establecía que el Presidente de la República debía pronunciar un discurso ante los diputados, mientras que el presidente del Congreso le contestaría en términos generales. Esa disposición constitucional, fue retomada en la Carta Fundamental de 1917, que es la versión vigente de la Constitución de México, señalando en su artículo 69, la misma obligación al Presidente de la República de rendir informe al Congreso de la Unión, por escrito, sobre el estado general que guarda la administración pública del país.

Sin lugar a dudas, la normatividad ha ido evolucionando y con ello también la composición de la comunicación que realizan los gobernantes a los gobernados; no obstante, se mantiene la tradición de los informes de gobierno en México, como una práctica importante que da visibilidad a las acciones de la administración. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, es difícil no cuestionar la efectividad y franqueza que permea en esta clase de ejercicios, ya que en ocasiones parecen convertirse en relatos de novela o utopía que distan mucho de la realidad cotidiana que enfrentamos en nuestras sociedades.

Actualmente, los discursos presentan una importante desconexión entre la objetividad y la retórica política. Suelen estar llenos de cifras impresionantes sobre el crecimiento económico, la inversión en infraestructura y la generación de empleos, pero carecen de autocrítica y tienden a exponerse como gobiernos infalibles perpetuando una narrativa de éxitos constantes que pueden llegar a llevar a una toma de decisiones deficiente y a políticas públicas ineficaces.

Es vital que los ciudadanos no sólo sean receptores pasivos de los informes de gobierno, sino que también participen activamente en el proceso democrático. Esto implica exigir responsabilidad a los líderes políticos, involucrarse en el debate público y votar de manera informada en las elecciones.

En una democracia, la rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales que garantizan la transparencia y la responsabilidad de los gobernantes que son electos mediante el sufragio universal. En ese sentido, los informes de gobierno que se realizan anualmente, representan una de las herramientas esenciales para que los ciudadanos evalúen el desempeño de sus líderes políticos, entiendan las acciones ejecutadas y exijan una gestión responsable. Estamos en el mes de septiembre, periodo en el que, a lo largo y ancho del país, distintas autoridades de los diferentes niveles y poderes, llevan a cabo su ejercicio de informar a la sociedad sobre sus logros, desafíos y planes futuros. Lo anterior, a fin de que la ciudadanía pueda conocer de primera mano, los avances en los proyectos que les fueron planteados desde que los actores políticos se acercaron en búsqueda del respaldo popular.

La obligación de las autoridades de rendir un informe sobre su encargo ya se contemplaba en la Constitución Política de 1857, donde se establecía que el Presidente de la República debía pronunciar un discurso ante los diputados, mientras que el presidente del Congreso le contestaría en términos generales. Esa disposición constitucional, fue retomada en la Carta Fundamental de 1917, que es la versión vigente de la Constitución de México, señalando en su artículo 69, la misma obligación al Presidente de la República de rendir informe al Congreso de la Unión, por escrito, sobre el estado general que guarda la administración pública del país.

Sin lugar a dudas, la normatividad ha ido evolucionando y con ello también la composición de la comunicación que realizan los gobernantes a los gobernados; no obstante, se mantiene la tradición de los informes de gobierno en México, como una práctica importante que da visibilidad a las acciones de la administración. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, es difícil no cuestionar la efectividad y franqueza que permea en esta clase de ejercicios, ya que en ocasiones parecen convertirse en relatos de novela o utopía que distan mucho de la realidad cotidiana que enfrentamos en nuestras sociedades.

Actualmente, los discursos presentan una importante desconexión entre la objetividad y la retórica política. Suelen estar llenos de cifras impresionantes sobre el crecimiento económico, la inversión en infraestructura y la generación de empleos, pero carecen de autocrítica y tienden a exponerse como gobiernos infalibles perpetuando una narrativa de éxitos constantes que pueden llegar a llevar a una toma de decisiones deficiente y a políticas públicas ineficaces.

Es vital que los ciudadanos no sólo sean receptores pasivos de los informes de gobierno, sino que también participen activamente en el proceso democrático. Esto implica exigir responsabilidad a los líderes políticos, involucrarse en el debate público y votar de manera informada en las elecciones.