/ martes 21 de diciembre de 2021

Revocación de mandato

A pocos días de culminar el 2021, año de constantes altas y bajas, pero sobre todo, de importantes cambios gubernamentales e institucionales, continúa el forcejeo entre el INE y el Poder Ejecutivo, luego de que el pasado viernes el consejo general de la autoridad electoral decidiera aplazar la consulta sobre la revocación de mandato por falta de presupuesto para su organización.

Fue en la década de los 90’s, cuando en México, a raíz de distintas reformas constitucionales, se dio origen y reconocimiento a ciertos órganos dotados de autonomía, para el ejercicio de funciones de carácter técnico y de control. En nuestro país, el diseño constitucional que existía hasta ese entonces, estaba sumamente desgastado por la actuación monopólica en el poder. El desprestigio y la desconfianza en los poderes centrales del Estado, obligaban a la creación de organismos que brindaran a la sociedad mayor transparencia, control y, sobre todo, espacios para hacer frente al poder político cuando este se volviera autoritario. Así fue como nació el INE, entidad a la que se le confirió una de las funciones coyunturales del Estado: la organización de los procesos electorales y todas sus implicaciones.

Ante la suspensión del referido ejercicio de revocación, se avivó la tensión entre quienes aprueban su celebración – porque obedece a uno de los principios fundamentales del gobierno del Presidente Andrés Manuel, basado en la democracia participativa y en la inclusión de la sociedad en los asuntos públicos –, y quienes la rechazan, por considerarla un gasto innecesario e intrascendente ante la situación y necesidades actuales del país. Ambas posturas tienen un punto de equilibrio. En México, jamás se había tratado de involucrar a la sociedad a tal grado de poner a su consideración temas de este calado, no solamente demuestra el interés por subir un escalón más en la compleja tarea de seguir perfeccionando nuestra democracia, sino que también, habla de la seriedad y palabra que tiene Presidente, de que lo que promete, lo cumple. Sin embargo, este mismo año fuimos testigos de la escasa respuesta a la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes, para la cual igualmente se destinaron millones de pesos, terminando sin convencer y con muchas dudas al respecto.

Al momento, es sólo un aplazamiento que no significa, para nada, su cancelación. Se trata de dar seguridad, al proceso de consulta, para que se desarrolle en las mejores condiciones y no suceda la tragedia del pasado 1ro. de agosto. El Estado contemporáneo, requiere forzosamente de la clásica división de poderes, más los órganos autónomos, no sólo porque, en el ámbito de sus competencias, cada uno realiza funciones con mayor especialización para atender las demandas sociales, sino que también, en su conjunto, implican un sistema de frenos y contrapesos para lograr una sociedad más democrática.

A pocos días de culminar el 2021, año de constantes altas y bajas, pero sobre todo, de importantes cambios gubernamentales e institucionales, continúa el forcejeo entre el INE y el Poder Ejecutivo, luego de que el pasado viernes el consejo general de la autoridad electoral decidiera aplazar la consulta sobre la revocación de mandato por falta de presupuesto para su organización.

Fue en la década de los 90’s, cuando en México, a raíz de distintas reformas constitucionales, se dio origen y reconocimiento a ciertos órganos dotados de autonomía, para el ejercicio de funciones de carácter técnico y de control. En nuestro país, el diseño constitucional que existía hasta ese entonces, estaba sumamente desgastado por la actuación monopólica en el poder. El desprestigio y la desconfianza en los poderes centrales del Estado, obligaban a la creación de organismos que brindaran a la sociedad mayor transparencia, control y, sobre todo, espacios para hacer frente al poder político cuando este se volviera autoritario. Así fue como nació el INE, entidad a la que se le confirió una de las funciones coyunturales del Estado: la organización de los procesos electorales y todas sus implicaciones.

Ante la suspensión del referido ejercicio de revocación, se avivó la tensión entre quienes aprueban su celebración – porque obedece a uno de los principios fundamentales del gobierno del Presidente Andrés Manuel, basado en la democracia participativa y en la inclusión de la sociedad en los asuntos públicos –, y quienes la rechazan, por considerarla un gasto innecesario e intrascendente ante la situación y necesidades actuales del país. Ambas posturas tienen un punto de equilibrio. En México, jamás se había tratado de involucrar a la sociedad a tal grado de poner a su consideración temas de este calado, no solamente demuestra el interés por subir un escalón más en la compleja tarea de seguir perfeccionando nuestra democracia, sino que también, habla de la seriedad y palabra que tiene Presidente, de que lo que promete, lo cumple. Sin embargo, este mismo año fuimos testigos de la escasa respuesta a la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes, para la cual igualmente se destinaron millones de pesos, terminando sin convencer y con muchas dudas al respecto.

Al momento, es sólo un aplazamiento que no significa, para nada, su cancelación. Se trata de dar seguridad, al proceso de consulta, para que se desarrolle en las mejores condiciones y no suceda la tragedia del pasado 1ro. de agosto. El Estado contemporáneo, requiere forzosamente de la clásica división de poderes, más los órganos autónomos, no sólo porque, en el ámbito de sus competencias, cada uno realiza funciones con mayor especialización para atender las demandas sociales, sino que también, en su conjunto, implican un sistema de frenos y contrapesos para lograr una sociedad más democrática.