/ viernes 24 de septiembre de 2021

Rumbo a la pacificación

La violencia y la inseguridad son frecuentemente consideradas como los principales problemas que enfrenta la ciudadanía, según lo refleja la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de septiembre del año pasado, con datos de que el 67.8 por ciento de las personas de 18 años o más estimaron que vivir en su ciudad es inseguro. En este sentido, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, durante su comparecencia ante el Senado de la República afirmó que: “si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro Gobierno”.

La violencia, especialmente la vinculada con el crimen organizado, es un fenómeno complejo con muchas causas de fondo, el cual requiere soluciones sistemáticas, que por lo general pueden presentar resultados a largo plazo, pero que es posible ir ajustando, gracias al análisis de los obtenidos en el corto y mediano plazos, por lo que ejercicios como la mencionada comparecencia son fundamentales.

En un ejercicio inédito de diálogo y como parte de la glosa al Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compareció ante el Senado con la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, así como del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

Entre los principales resultados que se presentaron en materia de seguridad, destacan: 1) la conformación de la Guardia Nacional que, a dos años de creación, cuenta con más de 100,000 elementos, convirtiéndose en la institución de seguridad pública más grande de nuestra historia; 2) que el 75 por ciento de las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública cuentan con el certificado único policial; 3) el aumento al salario de policías en 21 entidades federativas; 4) que de enero a agosto de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2018, el secuestro ha disminuido un 46.6 por ciento; el abigeato, un 37 por ciento; el robo de vehículos, un 40 por ciento; el robo a transportistas, un 32 por ciento; el robo a casa-habitación, un 28 por ciento, y el robo de hidrocarburos, un 94 por ciento.

En cuanto a los homicidios, destaca que en 2020 se detuvo la tendencia al alza de este delito que persistía desde 2015, concentrándose la incidencia del 50 por ciento de los casos en seis estados: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Además, luego del despliegue de más de 19,500 efectivos de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, del 13 de agosto al 3 de septiembre, disminuyeron un 8.6 por ciento los homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada. Y, a pregunta expresa, se aclaró que los operativos de la Guardia Nacional en el interior de la República no implican gastos para las entidades en las que tiene presencia.

Asimismo, es de resaltar que la nueva estrategia de seguridad privilegia las operaciones de inteligencia antes que el uso de la fuerza, para la desarticulación de bandas delincuenciales, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado, a lo largo de estos tres primeros años del sexenio, 41,000 cuentas asociadas a operaciones ilícitas, por más de 14 mil millones de pesos.

Por los resultados, y del análisis jurídico de la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad, podemos afirmar que la estrategia en la materia está firmemente fundamentada en el respeto de los derechos humanos y el combate a las causas que originan la violencia.

No se trata sólo de acompañar estas acciones con programas sociales, sino de poner sobre la mesa temas largamente postergados, que impactan contundentemente en el clima de inseguridad que se vive en algunas regiones del país (según lo advertía desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), tales como nuestra vecindad con Estados Unidos, uno de los mayores mercados de armas y drogas a nivel mundial, asuntos que desde el Senado de la República seguiremos atendiendo.


La violencia y la inseguridad son frecuentemente consideradas como los principales problemas que enfrenta la ciudadanía, según lo refleja la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de septiembre del año pasado, con datos de que el 67.8 por ciento de las personas de 18 años o más estimaron que vivir en su ciudad es inseguro. En este sentido, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, durante su comparecencia ante el Senado de la República afirmó que: “si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro Gobierno”.

La violencia, especialmente la vinculada con el crimen organizado, es un fenómeno complejo con muchas causas de fondo, el cual requiere soluciones sistemáticas, que por lo general pueden presentar resultados a largo plazo, pero que es posible ir ajustando, gracias al análisis de los obtenidos en el corto y mediano plazos, por lo que ejercicios como la mencionada comparecencia son fundamentales.

En un ejercicio inédito de diálogo y como parte de la glosa al Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compareció ante el Senado con la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, así como del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

Entre los principales resultados que se presentaron en materia de seguridad, destacan: 1) la conformación de la Guardia Nacional que, a dos años de creación, cuenta con más de 100,000 elementos, convirtiéndose en la institución de seguridad pública más grande de nuestra historia; 2) que el 75 por ciento de las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública cuentan con el certificado único policial; 3) el aumento al salario de policías en 21 entidades federativas; 4) que de enero a agosto de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2018, el secuestro ha disminuido un 46.6 por ciento; el abigeato, un 37 por ciento; el robo de vehículos, un 40 por ciento; el robo a transportistas, un 32 por ciento; el robo a casa-habitación, un 28 por ciento, y el robo de hidrocarburos, un 94 por ciento.

En cuanto a los homicidios, destaca que en 2020 se detuvo la tendencia al alza de este delito que persistía desde 2015, concentrándose la incidencia del 50 por ciento de los casos en seis estados: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Además, luego del despliegue de más de 19,500 efectivos de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, del 13 de agosto al 3 de septiembre, disminuyeron un 8.6 por ciento los homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada. Y, a pregunta expresa, se aclaró que los operativos de la Guardia Nacional en el interior de la República no implican gastos para las entidades en las que tiene presencia.

Asimismo, es de resaltar que la nueva estrategia de seguridad privilegia las operaciones de inteligencia antes que el uso de la fuerza, para la desarticulación de bandas delincuenciales, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado, a lo largo de estos tres primeros años del sexenio, 41,000 cuentas asociadas a operaciones ilícitas, por más de 14 mil millones de pesos.

Por los resultados, y del análisis jurídico de la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad, podemos afirmar que la estrategia en la materia está firmemente fundamentada en el respeto de los derechos humanos y el combate a las causas que originan la violencia.

No se trata sólo de acompañar estas acciones con programas sociales, sino de poner sobre la mesa temas largamente postergados, que impactan contundentemente en el clima de inseguridad que se vive en algunas regiones del país (según lo advertía desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), tales como nuestra vecindad con Estados Unidos, uno de los mayores mercados de armas y drogas a nivel mundial, asuntos que desde el Senado de la República seguiremos atendiendo.


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