/ jueves 28 de octubre de 2021

Sobre los vehículos chocolate

Es muy placentero y fácil escribir un artículo periodístico desde la comodidad de un sillón de piel blanquísima, encargado a las exclusividades importadas de El Palacio de Hierro, con una Mac de última generación sobre el escritorio de cedro blanco que, de paso, baste decir, con sus potentísimos correctores gramaticales, puede corregir los horrores ortográficos pero no las imbecilidades de pensamiento, posado este mueble de estudio sobre pisos de madera lijada y preparada a mano en los talleres de los carpinteros italianos que se dicen herederos directos de Antonio Stradivari, decía, es muy fácil anotar desde estas comodidades palaciegas, propias de los intelectuales señalados por el dedo flamígero en este régimen sexenal, cosas como que la legalización de los llamados vehículos chocolate va a provocar una hecatombe bíblica en las finanzas nacionales en general, en las particulares de los armadores y productores de los de origen nacional y, de manera específica en los patrimonios de los millones de mexicanos que tienen un auto en regla, que adquirieron arduamente, sudor de la frente de por medio, debido a que se va a inhibir la comercialización de los mismos, y van a bajar de precio los que siempre se han mantenido en la legalidad deseada.

También en contra del decreto de legalización de vehículos importados de manera ilegal, se aduce que es un mal ejemplo para el ideal (inexistente por lo pronto) estado de Derecho, pues se está legitimando de un plumazo la comisión del delito de contrabando. Y, por si no fuera poco, también se argumenta que, siguiendo esta línea argumentativa, propia de los que se olvidaron de dónde vienen y a cuál clase social pertenecieron en recientes ayeres, la inmensa mayoría de los automotores que es objeto de estas líneas, constituye ni más ni menos que basura y chatarra mecánica que nos están aventando los vecinos del norte, cual traspatio que siempre hemos sido y tianguis de cuarta mano para vender a un reducidísimo precio lo que ya no les es de utilidad.

Adicional a todo lo anterior, y por último, la perorata en contra, tiene que ver con un asunto de seguridad, pues los mencionados automotores han sido, siguen siendo, y seguramente seguirán utilizando como instrumentos para cometer los delitos más atroces, aquéllos que dañan la vida, la libertad y el patrimonio de las personas, pues el origen incierto de dichos coches y la falta de información sobre su dueño cierto y localizable, los hacen herramientas indispensables para la criminalidad impune.

Sin dejar de considerar los anteriores razonamientos, creemos que la problemática de la existencia de los autos ilegales circulando por millones (no se sabe a ciencia cierta cuántos) en muchos lugares del país es un fenómeno más complejo de lo que estos pensadores consideran, repetimos, desde la comodidad de sus mansiones y desde el encierro de sus cerradísimas burbujas especulativas.

Nuestro Estado, Zacatecas, es un ejemplo viviente del embrollo al que hemos llegado en este tema en específico: miles, o decenas de miles, o cientos de miles, nadie sabe, nadie supo, de vehículos chocolate circulando a lo largo y lo ancho de las carreteras federales y estatales, tianguis y comercios establecidos que se dedican a la venta exclusiva de ellos, factura en inglés en mano, y miles y miles de familias y campesinos que los utilizan día con día como elemento indispensable en sus tareas cotidianas, y, valga decirlo, no han podido tener la respiración suficiente en sus finanzas personales para adquirir uno de origen nacional, dado lo exagerado de los costos que tienen estos últimos debido a el incontable número de contribuciones que sobre un propietario de vehículo pesa, baste anotar los siguientes: Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Nuevos, Impuesto al Valor Agregado, Derechos por Placas, Derechos por Tenencia Anual, y la puntada aquí de cobrar Impuesto para Infraestructura (o algo así) y el 10% adicional para la UAZ (o algo así). Sólo a alguien que no está en su cabal juicio preferiría un vehículo nacional (carísimo y con altos costos anuales) que uno importado (baratísimo y cero costos anuales).

Es decir, nos encontramos ante una problemática con un origen endógeno en el propio gobierno, puesto que las mismas políticas fiscales rapaces e inequitativas que se aplican a la adquisición y tenencia de un automotor nacional, que hacen imposible para muchos darse el lujo de comprar un carro legal, provocan que se busquen substitutos que en este caso fueron los vehículos usados y baratísimos que vienen de los Estados Unidos y que no generan costo por tenencia.

Esta complicación de políticas públicas se va a solucionar definitivamente el día que se abran al libre comercio las fronteras del norte en el rubro específico de importación y libre circulación de autos de cualquier origen y sea realidad aquélla máxima constitucional, pisoteada día a día por los hacedores de políticas fiscales, que mandata la proporcionalidad y equidad en las obligaciones tributarias.

Es muy placentero y fácil escribir un artículo periodístico desde la comodidad de un sillón de piel blanquísima, encargado a las exclusividades importadas de El Palacio de Hierro, con una Mac de última generación sobre el escritorio de cedro blanco que, de paso, baste decir, con sus potentísimos correctores gramaticales, puede corregir los horrores ortográficos pero no las imbecilidades de pensamiento, posado este mueble de estudio sobre pisos de madera lijada y preparada a mano en los talleres de los carpinteros italianos que se dicen herederos directos de Antonio Stradivari, decía, es muy fácil anotar desde estas comodidades palaciegas, propias de los intelectuales señalados por el dedo flamígero en este régimen sexenal, cosas como que la legalización de los llamados vehículos chocolate va a provocar una hecatombe bíblica en las finanzas nacionales en general, en las particulares de los armadores y productores de los de origen nacional y, de manera específica en los patrimonios de los millones de mexicanos que tienen un auto en regla, que adquirieron arduamente, sudor de la frente de por medio, debido a que se va a inhibir la comercialización de los mismos, y van a bajar de precio los que siempre se han mantenido en la legalidad deseada.

También en contra del decreto de legalización de vehículos importados de manera ilegal, se aduce que es un mal ejemplo para el ideal (inexistente por lo pronto) estado de Derecho, pues se está legitimando de un plumazo la comisión del delito de contrabando. Y, por si no fuera poco, también se argumenta que, siguiendo esta línea argumentativa, propia de los que se olvidaron de dónde vienen y a cuál clase social pertenecieron en recientes ayeres, la inmensa mayoría de los automotores que es objeto de estas líneas, constituye ni más ni menos que basura y chatarra mecánica que nos están aventando los vecinos del norte, cual traspatio que siempre hemos sido y tianguis de cuarta mano para vender a un reducidísimo precio lo que ya no les es de utilidad.

Adicional a todo lo anterior, y por último, la perorata en contra, tiene que ver con un asunto de seguridad, pues los mencionados automotores han sido, siguen siendo, y seguramente seguirán utilizando como instrumentos para cometer los delitos más atroces, aquéllos que dañan la vida, la libertad y el patrimonio de las personas, pues el origen incierto de dichos coches y la falta de información sobre su dueño cierto y localizable, los hacen herramientas indispensables para la criminalidad impune.

Sin dejar de considerar los anteriores razonamientos, creemos que la problemática de la existencia de los autos ilegales circulando por millones (no se sabe a ciencia cierta cuántos) en muchos lugares del país es un fenómeno más complejo de lo que estos pensadores consideran, repetimos, desde la comodidad de sus mansiones y desde el encierro de sus cerradísimas burbujas especulativas.

Nuestro Estado, Zacatecas, es un ejemplo viviente del embrollo al que hemos llegado en este tema en específico: miles, o decenas de miles, o cientos de miles, nadie sabe, nadie supo, de vehículos chocolate circulando a lo largo y lo ancho de las carreteras federales y estatales, tianguis y comercios establecidos que se dedican a la venta exclusiva de ellos, factura en inglés en mano, y miles y miles de familias y campesinos que los utilizan día con día como elemento indispensable en sus tareas cotidianas, y, valga decirlo, no han podido tener la respiración suficiente en sus finanzas personales para adquirir uno de origen nacional, dado lo exagerado de los costos que tienen estos últimos debido a el incontable número de contribuciones que sobre un propietario de vehículo pesa, baste anotar los siguientes: Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Nuevos, Impuesto al Valor Agregado, Derechos por Placas, Derechos por Tenencia Anual, y la puntada aquí de cobrar Impuesto para Infraestructura (o algo así) y el 10% adicional para la UAZ (o algo así). Sólo a alguien que no está en su cabal juicio preferiría un vehículo nacional (carísimo y con altos costos anuales) que uno importado (baratísimo y cero costos anuales).

Es decir, nos encontramos ante una problemática con un origen endógeno en el propio gobierno, puesto que las mismas políticas fiscales rapaces e inequitativas que se aplican a la adquisición y tenencia de un automotor nacional, que hacen imposible para muchos darse el lujo de comprar un carro legal, provocan que se busquen substitutos que en este caso fueron los vehículos usados y baratísimos que vienen de los Estados Unidos y que no generan costo por tenencia.

Esta complicación de políticas públicas se va a solucionar definitivamente el día que se abran al libre comercio las fronteras del norte en el rubro específico de importación y libre circulación de autos de cualquier origen y sea realidad aquélla máxima constitucional, pisoteada día a día por los hacedores de políticas fiscales, que mandata la proporcionalidad y equidad en las obligaciones tributarias.