Desde inicios de este siglo los gobiernos en todo el mundo comenzaron a ser “transparentes” Empezado por la administración de Barack Obama, quien impulso la moda de la transparencia y el gobierno abierto para legitimarse y acercarse más a los ciudadanos. Hoy en día recibimos una gran cantidad de datos gubernamentales: el reporte de Ayotzinapa, gastos del AIFA, excesos del INE, gastos de publicidad, gastos de CFE, empresarios y sobornos; pero no creemos completamente en estos datos ¿Cuál es el problema de esta “transparencia gubernamental”?”
El problema es el mundo de la pos-verdad. Los ciudadanos recibimos mucha información que debemos “filtrar” con conocimientos previos, creencias, ideología personal, el boca a boca de amigos y familiares. Cada día recibimos más datos que no sabemos si son ciertos, si están verificados o son confiables. Cada dato es una “posverdad” puede ser inventado por el gobierno para distraernos o convencernos de una realidad distinta a la que vivimos. En este contexto debemos luchar para saber si nuestra opinión está fundamentada en hechos o mentiras disfrazadas de “semi-verdades”.
Al final, nuestra opinión se ve sesgada por los medios que consultamos, la calidad de los datos con que contamos y por nuestra experiencia personal, marcos ideológicos y opiniones de otros. Esto nos lleva a tomar decisiones, aceptar posturas y convencer a otros. Lo cual es parte de lo que se llama la democracia deliberativa. ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestra confianza en los datos de transparencia gubernamental en este contexto? Le propongo tres ideas.
En primer lugar, cambiar nuestro concepto absoluto de transparencia. La investigadora Sabina Schnell propone que debemos entender la transparencia de tres maneras: (1) menos transparencia; (2) transparencia a la medida y (3) transparencia razonada. ¿En cuál de las tres ubicamos nuestro gobierno municipal, federal o estatal?
Las respuestas varían porque el desarrollo de la transparencia es muy desigual. Depende de la voluntad del político en turno, de la infraestructura con que cuente, del personal, el presupuesto. A pesar de que la ley de transparencia sea igual para todos, su avance es muy disparejo.
En segundo lugar, cambiar el concepto de transparencia gubernamental sólo basado en datos a uno integral, incluyendo procesos, leyes, prácticas de gobierno abierto. No basta publicar el dato sino su contexto, su historia, su origen y cómo se utilizará para construir políticas públicas. Un dato más “completo” ayudará a reducir la posverdad, aumentando la calidad de los datos y por ende la toma de mejores decisiones.
En tercer lugar, promover prácticas de transparencia por defecto y reducir la burocracia de la transparencia. La clave del gobierno abierto y la transparencia es tener datos abiertos, sin trampas, sin envolturas, ni obstáculos. Evitando una transparencia artificial. Un dato libre es un dato duro. La burocracia de la transparencia, los organismos gubernamentales encargados de “liberar” los datos, los hacen más difíciles de alcanzar, los envuelven en complejos marcos legales para distraer la atención de los ciudadanos y que se olviden de ellos; por que es una burocracia que vive y sobrevive de la apertura de los datos. Si alcanzamos la meta de abrir los datos gubernamentales, esa obesa burocracia se vuelve obsoleta y debe desaparecer. Por ello les interesa tanto evitar que los datos sean públicos, obstaculizar los procesos, hacer más lento el cambio para prologar su existencia.
Estos tres caminos no son una solución para un problema tan complejo como aumentar la credibilidad en la información gubernamental, pero al menos buscan impactar en la política de transparencia, de datos abiertos y gobierno abierto. Seguramente habrá otras propuestas para reducir la posverdad y disminuir nuestro sesgo para tomar mejores decisiones en beneficio de nuestra comunidad. ¿Usted qué propondría?
