La difusión de la red familiar de Enrique Peña Nieto que hacia transferencias internacionales en favor del expresidente, es un ejemplo de cómo utilizar la política de transparencia en beneficio del poder.
En un régimen de estado de derecho no se necesita exponer públicamente las investigaciones judiciales contra la corrupción. Simplemente se hace la investigación, se arresta a los implicados y se les lleva a juicio para demostrar su culpabilidad o su inocencia. Los ciudadanos no tenemos que saber de los detalles hasta el juicio.
¿Por qué nos enteramos de esto hasta el cuarto año del actual gobierno? Si tenían esos datos, ¿Porqué comenzar la investigación hasta ahora? Si así se hubiera hecho, en este momento deberíamos estar presenciando un juicio y arrestados los implicados. ¿Porqué no funcionaron las políticas de transparencia y no se hicieron públicos estos datos?
Le ofrezco cuatro razones para entender esta relación entre la transparencia y la política.
La primera razón es que la transparencia oficial funciona sólo en los tiempos y momentos políticos que debe hacerlo. Es una herramienta del poder. Mientras tanto está apagada, dormida, funcionando para mostrar pequeños avances a una sociedad apática con el tema, pero cumpliendo con la ley.
Desde la perspectiva política, la transparencia debe tener un valor. Al hacer pública una información, se obtendrá un beneficio político. Por ello, el tiempo de guardar la información es vital para la política, sin importar las aspiraciones de apertura gubernamental o gobierno abierto que se pregonan.
La segunda razón, es que los datos gubernamentales se encuentran encerrados dentro de un sistema de información con filtros e intermediarios. Son datos cerrados. Se abren ante los ojos de algunos y se pueden consultar a través de ciertos intermediarios tanto técnicos - bases de datos, contraseñas - como intermediarios políticos - funcionarios de ciertos niveles.
Carecemos de una verdadera transparencia de información gubernamental sin filtros, ni intermediarios, que promuevan datos libres accesibles como entrar a un portal de internet. Así nos pudimos haber enterado que un funcionario público recibía importantes transferencias sin justificación y por lo tanto denunciar la corrupción.
Muchos ojos pudieron haber detenido la corrupción en el momento que ocurría el saqueo de fondos públicos, no pasados seis años.
Una tercera razón, es que la transparencia no es un bien social, una conquista pública. La opacidad, el secreto sí lo son. La clase política y la burocracia son dueños de la información del gobierno. La información gubernamental guardada es un bien privado, de la clase política que gobierna. La sociedad deberá conquistar los espacios de transparencia, asegurarse de que los datos gubernamentales fluyan libremente. De otro modo no habrá transparencia posible, el resto es una simulación: una transparencia artificial.
La cuarta razón es que la burocracia de los datos, el conjunto de personas que dicen clasificar, proteger y abrir los datos gubernamentales, son cómplices del poder. Tanto los órganos federales, estatales como municipales, como los propios sujetos obligados que tenían acceso a información financiera y de uso de recursos públicos, que no la difunden - o no pueden difundirla - se encuentran “comprometidos” con el poder político en turno, más que con la vocación de abrir los datos gubernamentales y alentar la transparencia que impide la corrupción.
Estas cuatro razones permiten ofrecer un marco que ayude a la interpretación de cómo se manipula la transparencia para legitimar el poder político. Es claro qué falta un largo trecho para tener realmente políticas públicas de gobierno abierto, imparciales, sin politización en beneficio de nuestro país.
