La corrupción es el cáncer que destruye sociedades. La mayoría de los países enfrentan esta epidemia que ha crecido en los últimos años. Para librar la batalla en su contra hace unos diez años se creó el gobierno abierto, que incluye la transparencia, rendición de cuentas, datos abiertos, participación y colaboración ciudadana. Tal parece que no ha sido suficiente.
En este contexto, México creó en el 2015 el sistema nacional anticorrupción como herramienta para apoyar al sistema nacional de transparencia, eje del gobierno abierto. Este sistema anticorrupción ha impulsado “Comités Anticorrupción” en cada estado y municipio, llamados: comités de participación ciudadana, donde trabajan miles de ciudadanos sin partido que promueven esfuerzos para combatir este mal, sin que hasta la fecha tengamos resultados concretos que beneficien a los ciudadanos.
En este espacio he comentado sobre la pérdida de rumbo de los esfuerzos de gobierno abierto a través del INAI y la plataforma nacional de transparencia PNT. Sin embargo, es más que evidente que el sistema nacional anticorrupción ha caído en el olvido, no sólo los comités han tenido problemas presupuestales y de integración, tampoco han podido implementar soluciones para disminuir eficientemente la corrupción en sus localidades.
Una de las herramientas clave del sistema anticorrupción es utilizar las bases de datos. La razón de ello es que la existencia de bases de datos con licitaciones, nóminas, bases de datos bancarias, crediticias, catastrales y de consumo ayudan a encontrar conexiones entre los ingresos y gastos irregulares o desproporcionados de los servidores públicos; pero más importante es identificar las redes de corrupción de las que forman parte.
La medicina correcta para acabar con el cáncer de la corrupción es destruir las redes de corrupción, buscar sus nodos principales y sus vínculos con el crimen organizado para cortar de raíz tanto quienes corrompen como los que aceptan la corrupción. La manera de encontrar dichas conexiones es una sola: seguir el rastro del dinero.
Por ello, las recientes filtraciones de los llamados: Pandora Papers (que de nuevo son bases datos) con 12 millones de documentos que vinculan a 330 políticos de más de 90 países, ha expuesto las redes de corrupción globales para combatir este cáncer desde del frente internacional.
Regresando de nuevo al caso mexicano, los datos recientes del informe World Justice Project demuestran la acelerada caída de México desde el 2015, tanto en el ámbito de corrupción como en el de orden y justicia al pasar al lugar 130 de 139 países, cerca de naciones como: Haití, Venezuela, Congo, Nigeria y Pakistán.
Los datos internacionales demuestran la ausencia de resultados del sistema nacional anticorrupción. Lo que es peor, los mexicanos seguimos padeciendo la micro-corrupción, las pequeñas acciones que atentan contra nuestro bolsillo o nuestra dignidad, como el comprarle regalos al funcionario, darle dinero, invitarlo a comer a restaurantes o peor aún hacerlo socio de nuestro negocio.
La micro-corrupción se ha convertido en el modus operandi de la delincuencia organizada, que extorsiona comercios, misceláneas, papelerías, tortillerías, restaurantes, por un pago semanal o mensual a cambio de no robarles o secuestrarlos, permitir que llegue su mercancía y dejarlos trabajar. Nada se ha hecho para estudiar el impacto de la micro-corrupción, nada se hará contra las grandes fortunas, y mientras tanto el elefante blanco del sistema nacional anticorrupción mexicano seguirá vivo y coleando exprimiendo el presupuesto nacional.
