/ martes 23 de febrero de 2021

¿Ya Chole? Hora de alzar la voz

El jueves pasado durante La mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado acerca del candidato de Morena a la gubernatura en el estado de Guerrero: Félix Salgado Macedonio. Parte de la respuesta del presidente frente a los cuestionamientos fue señalar que “Ya chole” con el tema. Como reacción a esta respuesta del mandatario, comenzó una gran movilización en redes sociales abanderada, principalmente, por la sociedad civil así como por el bloque político opositor bajo el Hashtag “#Yachole” en el que se manifiesta su descontento con la defensa y evasión del fondo del asunto por parte del mandatario. Salgado Macedonio enfrenta por lo menos tres denuncias por delitos de índole sexual, a saber: dos por violación (una ya archivada de manera definitiva por haber prescrito el ejercicio de la acción penal) y otra por acoso sexual. El tema central a debate con relación a la definición de la candidatura tiene que ver con la ciudadanía y la democracia que, mal que bien, se vive día con día en México.

Los defensores de la candidatura argumentan que ésta se encuentra legitimada y respaldada de manera democrática ya que Morena, para la selección de candidatas y candidatos, ha realizado en diferentes Estados una encuesta telefónica en la que se pregunta quién es el candidato o candidata de su preferencia. En contra de la candidatura y bajo el mismo argumento democrático el ala feminista de la 4T se ha pronunciado en contra de la candidatura, así como lo han hecho diferentes actores políticos y bloques de defensa de los derechos de las mujeres pertenecientes a la sociedad civil. Morenistas como Citlali Hernández (Secretaria General de Morena) y Olga Sánchez Cordero (Secretaria de Gobernación) han manifestado su oposición rotunda a la candidatura.

Se suele abordar mediáticamente la ejecución del control gubernamental y político en el plano institucional-formal, mediante el análisis de la interacción de los poderes (partiendo de su necesaria división) y las instituciones fiscalizadoras del poder público. Sin embargo, solemos perder de vista el derecho de la sociedad y de los habitantes de la nación a levantar la voz como ciudadanía. Ésta ha sido calificada en reiteradas ocasiones como el “Cuarto Poder” (Gertz Manero, Maldonado Venegas 2009): un medio de control real e independiente que lucha constantemente contra el poder público desbordado. Esta concepción necesariamente debe trascender el orden institucional y, tal como lo vemos (en mayor o menor medida), las mexicanas y los mexicanos debemos siempre alzar la voz independientemente de los colores y de la responsabilidad que implica ostentar un cargo público en un determinado proyecto de nación.

Seguramente en los próximos días veremos una serie de impugnaciones a la candidatura. En distintas ocasiones, la violencia política de género ha sido suficiente razón para limitar el derecho de participación política de los ciudadanos, por mayoría de razón, esperemos que enfrentar cargos por delitos graves de índole sexual también lo sea. Posiblemente, el TEPJF tendrá la última palabra.

El jueves pasado durante La mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado acerca del candidato de Morena a la gubernatura en el estado de Guerrero: Félix Salgado Macedonio. Parte de la respuesta del presidente frente a los cuestionamientos fue señalar que “Ya chole” con el tema. Como reacción a esta respuesta del mandatario, comenzó una gran movilización en redes sociales abanderada, principalmente, por la sociedad civil así como por el bloque político opositor bajo el Hashtag “#Yachole” en el que se manifiesta su descontento con la defensa y evasión del fondo del asunto por parte del mandatario. Salgado Macedonio enfrenta por lo menos tres denuncias por delitos de índole sexual, a saber: dos por violación (una ya archivada de manera definitiva por haber prescrito el ejercicio de la acción penal) y otra por acoso sexual. El tema central a debate con relación a la definición de la candidatura tiene que ver con la ciudadanía y la democracia que, mal que bien, se vive día con día en México.

Los defensores de la candidatura argumentan que ésta se encuentra legitimada y respaldada de manera democrática ya que Morena, para la selección de candidatas y candidatos, ha realizado en diferentes Estados una encuesta telefónica en la que se pregunta quién es el candidato o candidata de su preferencia. En contra de la candidatura y bajo el mismo argumento democrático el ala feminista de la 4T se ha pronunciado en contra de la candidatura, así como lo han hecho diferentes actores políticos y bloques de defensa de los derechos de las mujeres pertenecientes a la sociedad civil. Morenistas como Citlali Hernández (Secretaria General de Morena) y Olga Sánchez Cordero (Secretaria de Gobernación) han manifestado su oposición rotunda a la candidatura.

Se suele abordar mediáticamente la ejecución del control gubernamental y político en el plano institucional-formal, mediante el análisis de la interacción de los poderes (partiendo de su necesaria división) y las instituciones fiscalizadoras del poder público. Sin embargo, solemos perder de vista el derecho de la sociedad y de los habitantes de la nación a levantar la voz como ciudadanía. Ésta ha sido calificada en reiteradas ocasiones como el “Cuarto Poder” (Gertz Manero, Maldonado Venegas 2009): un medio de control real e independiente que lucha constantemente contra el poder público desbordado. Esta concepción necesariamente debe trascender el orden institucional y, tal como lo vemos (en mayor o menor medida), las mexicanas y los mexicanos debemos siempre alzar la voz independientemente de los colores y de la responsabilidad que implica ostentar un cargo público en un determinado proyecto de nación.

Seguramente en los próximos días veremos una serie de impugnaciones a la candidatura. En distintas ocasiones, la violencia política de género ha sido suficiente razón para limitar el derecho de participación política de los ciudadanos, por mayoría de razón, esperemos que enfrentar cargos por delitos graves de índole sexual también lo sea. Posiblemente, el TEPJF tendrá la última palabra.