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Cada zacatecano debe cuatro mil 755.3 pesos

Zacatecas, Zac.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) actualizó los niveles de deuda de los estados y los municipios en México, estudio en el que establece que en Zacatecas la deuda total es por el orden de los siete mil 915 millones de pesos, de los cuales le corresponden al estado siete mil 553.4 millones y 362.1 millones a los municipios.

Esto es, el Gobierno del Estado absorbe el 95.4 por ciento de la deuda total, en tanto que los municipios el 4.6 por ciento.

En relación con el segundo semestre de 2015, la deuda pública de la entidad aumentó en 794 millones de pesos, lo que representa un 9.0 por ciento de variación real.

En cuanto al porcentaje del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), establece que el porcentaje para el estado es por el orden del 3.70 por ciento, en tanto que para los municipios es del 0.18 por ciento, lo que lo ubica en el lugar número 10 a nivel nacional con mayor porcentaje.

En relación con los ingresos totales, la deuda del estado y los municipios es por el orden del 36.7 por ciento, lo que lo ubica como el noveno lugar a nivel nacional, pero muy atrás de Coahuila, donde la deuda es por el orden del 96.1 por ciento de sus percepciones, o de Quintana Roo, donde es por el orden del 94.1 por ciento.

En cuanto a las participaciones federales, la deuda de Zacatecas representa un 88.0 por ciento, lo que lo ubica en el lugar número 10 a nivel nacional.

Esto significa, que cada habitante de Zacatecas pagaría por concepto de deuda un total de 4 mil 755.3 pesos.

CRECIMIENTO ACELERADO

IMCO señala que el endeudamiento de estados y municipios ha mostrado una tendencia de crecimiento acelerado en años recientes.
Experiencias históricas como la crisis financiera de 2008 han demostrado la falta de control y facilidad con la que se pueden endeudar los gobiernos estatales y municipales.

El IMCO considera que la deuda subnacional debe contar con un monitoreo constante y estar sujeta a una revisión permanente.

La deuda pública subnacional es la que se refiere a todas las obligaciones de pasivo, contratadas directa o indirectamente, de corto, mediano o largo plazo, derivadas de financiamientos, independientemente del instrumento de contratación, a cargo de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, sin importar si dichas obligaciones tienen como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.

La asociación indicó que los niveles de deuda que se conocen representan solamente una fracción de la deuda total de estos órdenes de gobierno.

La conclusión de que la deuda subnacional no registrada al primer trimestre de 2011 era 15.6 por ciento (48 mil 994.1 millones de pesos) superior a la registrada por parte de la SHCP en el mismo periodo.

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LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

En términos generales, el IMCO dijo ver positivamente la reforma en materia de Disciplina Financiera para estados y municipios, así como los mecanismos de control para funcionarios públicos y manejo de recursos públicos.

En particular, resalta que la ley haya sido creada para ordenar y disciplinar la contratación de deuda de las entidades y de los municipios, y a consagrar el principio de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero.

De este modo, los empréstitos y obligaciones que se contraten quedan sujetos a las condiciones establecidas en las leyes de la materia y a la propia Constitución. Los recursos provenientes de financiamiento solo pueden destinarse a inversiones públicas productivas o a su refinanciamiento o reestructura, y no a cubrir gasto corriente.

Si bien los estados y municipios pueden contraer obligaciones para cubrir las necesidades que tengan a corto plazo, la reforma en materia de disciplina financiera impone restricciones. Así, las obligaciones a corto plazo tienen que liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.

Lo anterior evitará que acciones irresponsables o desmedidas de gobiernos salientes ahoguen las finanzas públicas de las nuevas administraciones.

En este sentido, el papel de los tribunales será fundamental: la Constitución no hace ninguna distinción sobre deuda de corto o largo plazo, por lo que, atendiendo al propósito de esta nueva legislación, el IMCO considera que esta medida de control debe ser aplicable para los dos supuestos. No obstante, habrá que esperar el pronunciamiento por parte de las autoridades judiciales.

Las entidades y los municipios deberán inscribir y publicar la totalidad de su deuda en un Registro Público Único.
En pocas palabras, se podrá despejar la duda pública sobe el monto total de la deuda pública.

Esto, aunado a la creación de un Sistema de Alertas implica un paso adelante en materia de transparencia pues facilitará a los actores interesados el acceso a las condiciones bajo las cuales se contrata la deuda de los estados y municipios del país.

El 26 de mayo de 2015 se publicó en Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de disciplina financiera, la cual entró en vigor el día siguiente de su publicación.

El transitorio segundo del decreto de reforma constitucional fijó 90 días naturales posteriores a su entrada en vigor para la publicación de la Ley de Disciplina Financiera.

No obstante, esta se publicó casi un año después: el 27 de abril de 2016, la cual entró en vigor el día siguiente de su publicación.
A su vez, los transitorios décimo quinto y décimo octavo establecieron 180 días posteriores a la entrada en vigor de la Ley para que el Ejecutivo Federal emita la reglamentación referente al Sistema de Alertas y al Registro Público Único.

Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas se deberán incluir cuando menos lo siguiente:

I. Objetivos anuales, estrategias y metas
II. Proyecciones de finanzas públicas
III. Descripción de los riesgos relevantes para las Ejercicio fiscal 2017
finanzas públicas
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores

ACTUALIZACIÓN

Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó al segundo trimestre de 2016 los datos de la deuda pública de estados y municipios.

Aunque la Secretaría únicamente lleva el registro de una parte de la deuda total de estos niveles de gobierno, la información que hizo pública nos permite dimensionar la magnitud y la tendencia del endeudamiento de los gobiernos locales del país en los últimos años.

Algunos de los datos más relevantes sobre la deuda subnacional al 30 de junio de 2016 son:

Entre diciembre de 1993 y diciembre de 2015 el saldo de las obligaciones financieras de las entidades federativas, municipios y sus respectivos organismos creció 351.6 por ciento en términos reales al pasar de 18.3 mil millones de pesos en 1993 a 536.3 mil millones de pesos en 2015.

Sin embargo, si se analiza por separado el crecimiento de las obligaciones financieras de estados y municipios, podemos observar cómo a partir del año 2012 se presenta una divergencia entre las tendencias de crecimiento de ambos niveles de gobierno.

La deuda municipal se ha estabilizado e incluso reducido en términos reales en años recientes (la tasa de crecimiento real promedio anual entre 2011 y 2015 fue de -1.4por ciento), pero la deuda de los gobiernos estatales y sus organismos ha crecido durante ese mismo periodo a una tasa promedio real del 5.4 por ciento.

Al 30 de junio de 2016 el saldo de las obligaciones financieras de las entidades federativas, municipios y sus respectivos organismos en conjunto asciende a 529,718.6 millones de pesos; saldo casi 18,000 millones de pesos mayor al observado para el mismo periodo de 2015 (511,719.1 millones de pesos), lo que equivale a un crecimiento marginal de 0.96por ciento en términos reales.

Sin embargo, si se analiza la deuda estatal y municipal por separado se puede notar que el incremento de la deuda subnacional observado durante el último año se atribuye únicamente a los gobiernos estatales y sus organismos, cuya deuda pasó de 456,068.7 millones de pesos en junio de 2015 a 476,482.6 millones de pesos en junio de 2016; un incremento de 20,413.90 millones de pesos (crecimiento real del 1.9por ciento).

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QUIÉN PIDE PRESTADO

Del total de la deuda pública registrada al segundo trimestre de 2016, los gobiernos de las entidades federativas junto con sus respectivos organismos concentran el 90.0por ciento (476,482.6 millones de pesos), mientras que los municipios y sus organismos alcanzan el 10.0por ciento (53,236.1 millones de pesos) del total de la deuda subnacional.

Esta proporción se ha mantenido relativamente constante desde 2005, año a partir del cual la SHCP distingue la deuda por tipo de deudor o acreditado, y en el cual la deuda de las entidades federativas representaba entre el 88.7 y el 90.8 por ciento del total de la deuda subnacional.

Los gobiernos de las entidades federativas (y sus organismos) que tuvieron las mayores variaciones al alza y a la baja en los saldos de sus obligaciones financieras en el último año fueron Durango con 31. por ciento, Colima con 20.7 y Sonora con 9.4.

Al segundo trimestre de 2016 las cuatro entidades federativas con el mayor saldo de deuda fueron la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Chihuahua con 68.6, 57.5, 41.8 y 41.7 mil millones de pesos, respectivamente.

El nivel de endeudamiento de cada entidad federativa debe ser contrastado con su capacidad de pago y que mayores niveles de deuda en términos absolutos no necesariamente implican insostenibilidad de las finanzas públicas.

LA DEUDA PÚBLICA COMO PORCENTAJE DEL PIB ESTATAL

Al 30 de junio de 2016 la deuda pública subnacional como porcentaje del PIB asciende a 2.9por ciento (2.6 por ciento corresponde a los gobiernos estatales y 0.3 por ciento a los gobiernos municipales).

A pesar de que los niveles que ha alcanzado la deuda pública subnacional como porcentaje del PIB no parecen representar un problema sistémico que comprometa en este momento la viabilidad del sistema financiero, al analizar de forma desagregada la proporción del PIB que representa la deuda por entidad federativa podemos identificar casos particulares como los de los gobiernos de los estados de Chihuahua, Quintana Roo o Coahuila que se desvían de forma importante del promedio nacional.

Bajo esta métrica el gobierno del estado de Chihuahua ocupa el primer lugar con un nivel de deuda equivalente al 8.18 por ciento de su PIB (cifra 5.5 puntos porcentuales mayor al promedio de las entidades federativas); en segundo lugar el gobierno de Quintana Roo con el 7.00 por ciento; y, en tercer lugar, el caso de Coahuila con el 6.06 por ciento.

PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TOTALES

Otra métrica que permite dimensionar la magnitud de la deuda pública subnacional se obtiene al comparar los saldos de las obligaciones financieras contra los ingresos totales de dichos gobiernos. Es importante señalar que si nos enfocáramos únicamente en los ingresos de libre disposición de las entidades federativas; es decir, si dentro de los ingresos totales que contempla la SHCP se eliminara la parte correspondiente a aportaciones federales (recursos etiquetados), los porcentajes serían significativamente mayores.

Bajo esta métrica, el estado de Coahuila (gobierno estatal, municipios y sus organismos) ocupa el primer lugar con un saldo de deuda al 30 de junio de 2016 equivalente al 96.1 por ciento del total de los ingresos estimados del gobierno y sus municipios para el ejercicio fiscal 2016; en segundo lugar se encuentra el gobierno de Quintana Roo con el 94.1 por ciento; y, en tercer lugar, el estado de Nuevo León con el 85.3 por ciento. El promedio es de 31.0 por ciento. Zacatecas está arriba de esa cifra con el 36.7 por ciento.

PORCENTAJE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES

Bajo esta métrica, el estado de Quintana Roo (gobierno estatal, municipios y sus organismos) ocupa el primer lugar con un saldo de deuda al 30 de junio de 2016 equivalente al 250.3por ciento del total de participaciones federales estimadas para 2016. En los estados de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León la relación deuda pública/participaciones federales rebasa el 200 por ciento. El promedio es de 78.1 por ciento.

MUNICIPIOS

Al 30 de junio de 2016, una tercera parte (835) de los dos mil 458 municipios del país tienen contratada deuda pública por un monto total acumulado de 47,243.7 millones de pesos. Esta cifra contrasta con la observada hace una década (segundo trimestre de 2006) cuando menos de una cuarta parte (583) de los municipios tenían contratada deuda y el total de ésta ascendía a apenas 13,505.1 millones de pesos (137.5por ciento menor en términos reales).

Además del incremento en el número de municipios con deuda pública registrada por parte de la SHCP en la última década, se observa también un incremento importante en los saldos promedio de la deuda municipal. Mientras que en junio de 2006 el saldo promedio de las obligaciones financieras municipales era de 23.1 millones de pesos, una década después el saldo promedio es de 56.6 millones de pesos.

A pesar de que podemos hablar de que en los últimos 10 años ha habido una mayor dispersión en relación al número de municipios que tienen acceso al mercado de deuda, la deuda pública a nivel municipal sigue siendo un fenómeno altamente concentrado: en 2016, los 20 municipios más endeudados del país concentran el 45.4por ciento de la deuda total.

Al segundo trimestre de 2016 los tres municipios con el mayor saldo de deuda son Tijuana, BC., Guadalajara, Jal. y Monterrey, NL. con 2.7, 2.2 y 1.9 mil millones de pesos, respectivamente. Es interesante observar que de los 20 más endeudados, todos salvo Tijuana, BC. y Guadalupe, NL. redujeron su deuda respecto del mismo periodo del año anterior en términos reales.

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