América Latina padece precario sistema de pensiones

Millones de adultos mayores están obligados a continuar trabajando informalmente para completar los bajos ingresos que perciben

EFE

  · sábado 4 de mayo de 2024

Las manifestaciones en América Latina por pensiones dignas son frecuentes FOTO: Cortesía / Reuters

BUENOS AIRES. La precariedad del sistema de pensiones en los países de América Latina y el Caribe obliga a millones de trabajadores a buscar una vía laboral informal para completar sus bajos ingresos, después de décadas de trabajo y de haber superado la edad de jubilación.

Desde México hasta Paraguay, los sistemas de pensiones en la región están marcados por dificultades estructurales que impactan profundo en la calidad de vida de los adultos mayores.

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MÉXICO, 50% DE INFORMALIDAD

La situación de las pensiones en México refleja la complejidad de un país donde la informalidad laboral afecta a casi la mitad de la población activa.

Con una pensión mínima que apenas supera los seis mil pesos mensuales, muchos mexicanos se enfrentan a la difícil decisión de prolongar su vida laboral para asegurar un retiro medianamente estable, considerando que el salario mínimo es de siete mil 468 pesos.

El Congreso evalúa actualmente una serie de iniciativas que buscan otorgar una tasa de reemplazo del 100 por ciento para los trabajadores que comenzaron su vida laboral formal a partir de 1997, con un tope de 17 mil pesos mensuales.

ARGENTINA, JUBILADOS ACTIVOS

En un escenario de severa crisis económica y con la tasa de inflación más alta del mundo (287.9 por ciento), el 65 por ciento de los jubilados en Argentina cobra la jubilación mínima, que en abril ha sido de 171 mil 217 pesos (192 dólares), un ingreso que llegó a 241 mil pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social otorgado por situación de emergencia.

Este ingreso, que representa un 82 por ciento del salario mínimo en Argentina, actualmente situado en los 202 mil 800 pesos (232 dólares), coloca a muchos jubilados en una situación de gran vulnerabilidad económica.

Dicho aumento indignó a trabajadores del país debido al bajo salario mínimo. Foto: AFP


A pesar de los intentos legislativos para garantizar un nivel mínimo de ingresos para los jubilados, la realidad es que muchos trabajadores se ven obligados a seguir trabajando después de alcanzar la edad de retiro.

BRASIL DUPLICÓ TRABAJADORES

Con una pensión mínima que apenas supera el salario mínimo, y un aumento en la población de adultos mayores que aún están en la fuerza laboral, el desafío de garantizar una jubilación digna es evidente. En Brasil el salario mínimo es de mil 412 reales (unos 274 dólares), valor que marca la pensión mínima y que percibe 64 por ciento de pensionados.

Según datos oficiales, en 2023 había 7.4 millones de brasileños de 60 años o más que continuaban trabajando, lo que supone el doble que hace una década, y un 12 por ciento más que el año anterior.

CHILE, CAPITAL INDIVIDUAL

En Chile, el sistema de pensiones establecido en 1980, durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), enfrenta críticas por no garantizar retiros dignos.

Este sistema se basa en la capitalización individual, en la que los trabajadores aportan mensualmente un 10 por ciento de su sueldo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Sin embargo, las pensiones resultantes son insuficientes, con cifras que frecuentemente se sitúan por debajo del sueldo mínimo del país, que es de 470 mil pesos (unos 531 dólares).

En Perú, la situación no es menos preocupante. La pensión media es de 500 soles (133 dólares), mientras que el salario mínimo es mil 25 soles. Con la mayoría de los adultos mayores sin acceso a un sistema de pensiones formal, y una gran proporción trabajando en la informalidad, la jubilación se convierte en un lujo para muchos.

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Bolivia, a pesar de contar con un sistema de pensiones que permite una renta de vejez de hasta el 70 por ciento del salario referencial, enfrenta desafíos significativos en términos de cobertura y suficiencia de ingresos.

En Paraguay, la cobertura de la seguridad social es de apenas el 24.5 por ciento, muy por debajo del promedio latinoamericano, que es del 61 por ciento de la población total, dejando a una gran proporción de la población sin acceso a un sistema de pensiones formal.