/ domingo 11 de octubre de 2020

Alcalde de Mazapil, Zacatecas habría desviado un millón de pesos

No presentó la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017; los recursos fueron desviados de un fondo a gasto corriente

El fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Salvador Villa Almaraz, explicó que la solicitud para el desafuero del alcalde de Mazapil, Gregorio Macías Zúñiga, es para que responda por la no presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, en el que se desviaron recursos por 1 millón de pesos de un fondo a gasto corriente.

Según la solicitud hecha a la Legislatura estatal, también la síndica municipal, Alma Lucía Leos, deberá ser separada del cargo para responder por el mismo delito, establecido como posible peculado.

A partir de su separación del cargo, los funcionarios municipales se someterán a una investigación que ha sido solicitada por la Auditoría Superior del Estado.

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El motivo es que la administración municipal no presentó la Cuenta Pública del año 2017.

Señaló que en su momento le fue notificado al municipio y a los funcionarios sobre la pertinencia de que fuera presentada en tiempo y forma la Cuenta Pública, sin embargo, no realizaron la presentación de la misma y ello conlleva a que no se pueda tener acceso al ejercicio del recurso público.

Es decir, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que se debe de llevar a cabo un ejercicio basado en la norma y se tienen que estar llevando a cabo registros en un sistema, para que pueda el ente fiscalizador, en este caso la Auditoría Superior del Estado, advertir que el ejercicio de los recursos que se administraron por el municipio realmente se sujetaron a lo que dispone la norma.

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Es por ello que se hace la denuncia y se integra esa carpeta de investigación y se advirtió que ante la no presentación la Cuenta Pública se tenía la posibilidad de judicializar el tema para que sea un juez de control quien determine una sanción.

Para el análisis de este caso se integró la carpeta 1284, que está relacionada con un tema de hechos que se pudieran presumir como delito de peculado, en virtud de que se hizo un mal manejo de un recurso de un fondo del ejercicio fiscal de 2017 que finalmente se transfirió a otra cuenta de gasto corriente o fondo único.

Para el 2019, con recursos del fondo que, originalmente, se destinó a otras circunstancias, fue que se intentó recuperar o reintegrar ese recurso, sin embargo, la auditoría advierte que no se puede distraer el destino de un recurso que se encuentra debidamente etiquetado y que va relacionado con un objeto y, por lo tanto, se presentó la denuncia.

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El daño es por un millón de pesos y se involucra a dos ex funcionarios más, un ex tesorero y una ex síndica.

Se esperará la determinación de la Legislatura para que la investigación siga su curso.

El término viene establecido en la normatividad de la propia Legislatura, pero dependerá de la celeridad con que ellos analicen la situación que se pone en contexto.

║Escucha:

El fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Salvador Villa Almaraz, explicó que la solicitud para el desafuero del alcalde de Mazapil, Gregorio Macías Zúñiga, es para que responda por la no presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, en el que se desviaron recursos por 1 millón de pesos de un fondo a gasto corriente.

Según la solicitud hecha a la Legislatura estatal, también la síndica municipal, Alma Lucía Leos, deberá ser separada del cargo para responder por el mismo delito, establecido como posible peculado.

A partir de su separación del cargo, los funcionarios municipales se someterán a una investigación que ha sido solicitada por la Auditoría Superior del Estado.

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El motivo es que la administración municipal no presentó la Cuenta Pública del año 2017.

Señaló que en su momento le fue notificado al municipio y a los funcionarios sobre la pertinencia de que fuera presentada en tiempo y forma la Cuenta Pública, sin embargo, no realizaron la presentación de la misma y ello conlleva a que no se pueda tener acceso al ejercicio del recurso público.

Es decir, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que se debe de llevar a cabo un ejercicio basado en la norma y se tienen que estar llevando a cabo registros en un sistema, para que pueda el ente fiscalizador, en este caso la Auditoría Superior del Estado, advertir que el ejercicio de los recursos que se administraron por el municipio realmente se sujetaron a lo que dispone la norma.

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Es por ello que se hace la denuncia y se integra esa carpeta de investigación y se advirtió que ante la no presentación la Cuenta Pública se tenía la posibilidad de judicializar el tema para que sea un juez de control quien determine una sanción.

Para el análisis de este caso se integró la carpeta 1284, que está relacionada con un tema de hechos que se pudieran presumir como delito de peculado, en virtud de que se hizo un mal manejo de un recurso de un fondo del ejercicio fiscal de 2017 que finalmente se transfirió a otra cuenta de gasto corriente o fondo único.

Para el 2019, con recursos del fondo que, originalmente, se destinó a otras circunstancias, fue que se intentó recuperar o reintegrar ese recurso, sin embargo, la auditoría advierte que no se puede distraer el destino de un recurso que se encuentra debidamente etiquetado y que va relacionado con un objeto y, por lo tanto, se presentó la denuncia.

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