La secretaria de la Función Pública, Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez, indicó que en los próximos días podría tener ya el informe de presunta responsabilidad contra el servidor público que firmó la entrega de permisos experimentales del transporte público de manera irregular, sin tener facultades para hacerlo. Se tienen indicios de que hubo pagos por los mismos, y que incluso fueron enterados a la Secretaría de Finanzas.
Explicó que se tenían bajo denuncia 19 permisos experimentales, pero se ha detectado la existencia de algunos más, aunque no existe todavía documentación que lo ampare.
Señaló que la investigación inició desde que se interpusieron las denuncias por parte de los propios gremios de transportistas, alrededor del mes de febrero o marzo.
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Los hechos denunciados no tienen que ver con la entrega de concesiones, sino únicamente con la entrega de permisos experimentales.
La denuncia que se hace es que estos permisos experimentales han sido entregados por servidores públicos que no tienen facultades para ello, y esa es la línea de investigación.
El gobernador del estado es la única persona facultada para entregar permisos experimentales y el mandatario estatal nunca entregó un solo permiso.
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En los documentos que se anexan como prueba por parte del propio denunciante se presume la firma de otro servidor público, que no es el Gobernador ni alguno de los secretarios Generales de Gobierno que hubo en este período.
Entonces, en esta línea de investigación que se lleva, la presunción es esa, que justamente se entregaron ciertos permisos experimentales para que el servidor público tuviera las facultades para hacerlo.
En días pasados, el secretario General de Gobierno anunció la separación del cargo por parte del servidor público que está señalado como tal y fue justamente a raíz de una recomendación de la Secretaría de la Función Pública, para seguir con las investigaciones de manera correcta y evitar que se estuviera, por decirlo de alguna manera, perpetuando esta falta.
La secretaria de la Función Pública, Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez, explicó que antes de que el servidor público se defienda, la investigación tiene que concluirse.
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Cuando se termina la investigación es donde se determina si existió una conducta, si esa conducta constituye una falta y, en todo caso, quién es el responsable.
En este momento no se puede adelantar quiénes son los servidores públicos involucrados para preservar el tema del debido proceso, sin embargo, una vez que se tenga este informe de presunta responsabilidad se pasará a las áreas jurídicas correspondientes para que allí sea donde los servidores públicos se defienden.
La Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas y la Ley de Hacienda contemplan la figura del permiso experimental, esto no es un tema novedoso, los permisos experimentales existen en la Ley de Transporte Público, Tránsito y Vialidad, y existen para su cobro.
Existen, incluso, en la propia carpeta de investigación algunos indicios de que sí se realizaron estos pagos ante la Secretaría de Finanzas por algunas órdenes de pago, entonces, esa parte no es la que mortifica, lo que mortifica es que existe una autorización, en este sentido, ordenada por alguien que no tenía facultades para otorgar esos permisos.
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