Zacatecas, Zac.- La secretaria General de Gobierno, FabiolaGilda Torres Rodríguez, señaló que el conflicto que se vive enla mina La Colorada, en el municipio de Chalchihuites, por eldesalojo de los pobladores de viviendas aledañas al lugar, es unasunto meramente laboral y donde el Gobierno del Estado no puedeintervenir.
El asunto de la mina La Colorada, es completamente laboral,donde la propietaria es la mina, y al momento en que termina elcontrato laboral señala a los usuarios que no se tiene por quéestar habitando esa casa, que es parte de las prestacioneslaborales.
La funcionaria estatal señaló que quien está resguardando lazona es parte de la seguridad privada de la mina.
La certeza de la tierra de lamina es de la empresa, tiene escrituras y tiene su propiedad, y hayun conflicto donde se está solicitando que esa dotación detierras nacionales se les dé también a los posesionarios, que nopropietarios.Se está resolviendo ese recurso, peromientras nos e resuelva ese recurso ante las instancias legales nose puede avanzar.
La secretaria general, Fabiola Gilda Torres, señaló que en elcaso de La Colorada es un conflicto laboral, y ahí hay gente queestá diciendo que se va a utilizar la misma técnica que seutilizó en la comunidad Salaverna, de desalojar a los pobladores,pero en ese caso era una situación de emergencia, era unasituación de protección a las personas.
En el caso de La Colorada es un asunto laboral, es un conflictoentre los trabajadores y la empresa, en el que el Gobierno delEstado no participa, ni hay el temor de que puedan entrar adesalojarlos como dijeron.
Además, de lo que el Gobierno del Estado ha sido acusado enSalaverna no es cierto, la intención era únicamente proteger lasvidas de los pobladores.
Ya en el mes de diciembre del año pasado, habitantes de la minaLa Colorada, del municipio de Chalchihuites, bloquearon los accesosa la mina Plata Panamericana (Pan American Silver), en protesta porsupuestos incumplimientos de los compromisos adquiridos.
El bloqueo se dio en reclamo de que se han firmado dos minutas,la primera en febrero de 2015 y la segunda en enero de 2016, frentea autoridades de la Secretaría General de Gobierno, en la anterioradministración, a las que no se les ha hecho caso.
La empresa fue adquirida desde 1998 por la transnacionalcanadiense Pan American, que ha venido desalojando a los habitantesde la comunidad y ha construido una unidad habitacional cuyasviviendas son propiedad de la empresa y las entrega encomodato.
Los habitantes del lugar denuncian que el desalojo es forzoso,inclusive algunas viviendas han sido destruidas con muebles yenseres domésticos adentro.
Esto lo hace la empresa para imposibilitar cualquier intento deretorno de los habitantes.
Aunque la empresa se ha comprometido a reparar los daños, no loha cumplido hasta la fecha.
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