A pesar de que Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) tiene un acuerdo aprobado para el pago de una gratificación de fin de año para pensionados y jubilados, este año podría no pagarse. Con ello, el Issstezac se ahorraría 212 millones de pesos.
De acuerdo al Marco Legal, sería hasta después de la promulgación de la Ley del Issstezac del 2015 que las nuevas generaciones de jubilados obtendrían este beneficio.
La Ley de 2015 en su Artículo 74 contempla el beneficio del aguinaldo para las y los pensionados equivalente a 60 días.
De acuerdo con la observación del órgano fiscalizador "Los beneficiados con esta prestación prevista en la Ley del Issstezac promulgada en el año 2015 serían las nuevas generaciones, quienes comenzaron a cotizar bajo la vigencia de la actual Ley".
La Auditoría Superior del Estado dictó, observación 018: "Se recomienda al Instituto, realice las acciones correspondientes e implemente las medidas pertinentes y/o necesarias para que, en lo sucesivo, suspenda el pago de prestaciones que se otorgan fuera del marco legal, como lo es el caso del aguinaldo".
El Issstezac señaló que las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado, demuestran que cerca de 212 millones de pesos han sido otorgados a jubilados y pensionados sin ser obligatorios por ley.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas ha pagado una gratificación los fines de año desde 1987 a 2014.
A esta gratificación se le ha llamado aguinaldo sin ser el concepto que se paga, y es una erogación que se traduce en 211.6 millones de pesos.
La Auditoría Superior del Estado, órgano de la Legislatura del Estado, determinó, en su auditoría ASE-INV-003-220, observación 018, notificada el 2 de agosto de 2021, que el Issstezac "… ha estado otorgando aguinaldo a los pensionados sin que exista disposición alguna que lo obligue, debido a que la Ley del Issstezac en 1986 no establece ese beneficio."
En ese sentido, el Gobierno del Estado, que encabeza David Monreal Ávila, ha señalado que ningún acuerdo está por encima de la ley.
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