CDMx.- Organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron al gobierno federal investigar y sancionar a la minera Newmont Goldcorp por afectar el medio ambiente y la salud de la población de siete comunidades que rodean Peñasquito, mina a cielo abierto en Zacatecas.
En conferencia de prensa, representantes de la Red Solidaria “Décadas contra la Impunidad”, María Magdalena López Paulino; de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Blanca Mendoza y fray Julián Cruzalta, dieron a conocer el informe “Situación de los derechos humanos y la minera Peñasquito en Mazapil, Zacatecas”.
Blanca Mendoza dijo que el Estado mexicano debe hacer público el estudio de impacto ambiental con prospectiva por la extracción de oro de esa empresa, pues hay evidencias de afectaciones a la salud, sobre todo en la comunidad de Cedros.
Indicó que a partir de las investigaciones de campo, con las que se integró el informe, se encontró que hay contaminación de fuentes de agua en los entornos de la mina y, por ende, daños a la salud de la población.
“Les salen ronchas en la piel, los niños se enferman continuamente de un catarro que les dura más de lo normal, diarreas y, de acuerdo con manifestaciones de personas entrevistadas, hay casos de cáncer”, expresó.
El Estado mexicano tiene obligación de garantizar el cumplimiento integral de los derechos humanos a esta población, lo que implica el cuidado de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la salud, aseveró.
Explicó que la compañía exploradora Kennetcot descubrió el yacimiento Peñasquito en 1994, el cual está a 14 kilómetros del pueblo de Mazapil, al noreste de Zacatecas y, cuatro años más tarde, la compañía Wester Silver compró los derechos de concesión y fundó la filial minera Peñasquito S.A. de C.V.
Terminada la fase de exploración en 2006, Glamis Gold adquirió la minera y diseñó un proyecto que ese mismo año fue absorbido por la empresa canadiense Goldcorp Inc, en enero de este año se fusionó con Newmont Mining y pasó a ser Newmont Goldcorp.
Fray Cruzalta dijo que debido a que la mina está a cielo abierto y los residuos químicos que se utilizan no se tratan ni almacenan en forma adecuada, pueden filtrarse a los caudales de agua fresca y dañar los acuíferos.
Además, la lluvia "lava" los desechos, lo que provoca que se filtren al subsuelo; además de que para limpiar la tecnología que ocupan se utilizan grandes cantidades del líquido.
Dijo que el informe señala que las explosiones y el molido de roca generan partículas suspendidas que forman un polvillo que podría ser tóxico debido a los químicos pesados que se emplean en esas actividades; dicho polvillo es el que respiran personas y animales que viven en los alrededores.
El método de lixiviación de la tierra para eliminar otros compuestos del metal precioso a partir de sustancias altamente tóxicas como cianuro, mercurio y ácido provocan cráteres y erosión de la tierra.
Por lo anterior, los activistas demandaron al gobierno federal y a las autoridades correspondientes que se investigue y sancione a la minera, también que se reparen los daños causados durante la extracción, pues por cada gramo de oro que se extrae se afecta una tonelada de tierra.
Indicaron que los ejidatarios fueron orillados a ceder sus terrenos a las empresas a precios muy bajos y por una sola vez, con la complacencia de autoridades de la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Economía, a través de convenios de ocupación temporal que prácticamente son vitalicios.
Esos convenios, firmados por 30 años, ahora se han extendido a más de 90 años, es decir prácticamente son vitalicios, y una vez que se haya terminado de explotar la tierra se les regresará.
Finalmente, pidieron al Estado garantizar la integridad de los defensores de derechos humanos en esta zona, pues su labor se ha visto amenazada y los han victimizado al señalarlos como criminales.
