Zacatecas,Zac.- Tras alertar “la posibilidad del uso de la fuerza pública”, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) señaló que ante el inicio arbitrario de los trabajos de la presa Milpillas en el ejido de Atotonilco, ejidatarios y otros ciudadanos se presentaron al lugar donde se encontraban las máquinas y le pidieron al personal que las detuvieran y salieran del ejido.
Ello, porque no tienen ni permiso ni convenio por parte de la Asamblea, por lo tanto, se encontraban cometiendo un grave delito por destruir y allanar la propiedad ejidal.
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Consideraron que, con esta nueva acción de flagrante violación a los derechos colectivos, en este caso contra el ejido y el pueblo de Atotonilco, queda demostrado que, tanto el gobierno estatal como el gobierno municipal, están dispuestos a imponer su voluntad, violar todas las leyes y, con el uso de la fuerza, avanzar en la implementación de un proyecto que afectará y cambiará la vida de la población para siempre.
REMA explicó que este lunes 22 de octubre en el ejido de Atotonilco, del municipio Jiménez del Teúl, nuevamente el gobierno estatal y municipal, dejaron ver sus intenciones de continuar con la violación de los derechos de los pueblos, con tal de avanzar en la imposición del cuestionado proyecto “Presa Milpillas”.
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Durante la reunión ejidal que se desarrolló ayer lunes para informar sobre el reconocimiento ante el RAN de avecindadas y avecindados, las y los ejidatarios aprovecharon para entregarle al comisariado ejidal de Atotonilco, un oficio en el cual, a groso modo, se le cuestionaba sobre los por qué, desde hace días, dos máquinas se encuentran trabajando en el ejido con relación a la construcción de la cuestionada “Presa Milpillas”, sin que nadie haya tenido información detallada sobre el proyecto de la presa, misma que también le fue solicitada.
El presidente del comisariado ejidal, Benjamín Miranda González, respondió que él no había otorgado ningún permiso para la realización de trabajos realizados por esas máquinas, al mismo tiempo que argumentó, erróneamente, que ello correspondía a la Secretaria de Agua y Medio Ambiente (SAMA), según él por ser una dependencia de carácter federal, siendo que esta es del orden estatal.
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Poco después, el mismo presidente del comisariado, sin mostrar ningún papel que lo corroborara, comentó a otras personas que la autorización de las máquinas la realizó la presidenta del municipio Jiménez del Teúl, Victoriana Espinoza Sánchez, la misma que hace apenas unos días, en el ejido El Potrero, se presentó ante la asamblea con toda la impunidad que al parecer le caracteriza.
Ante lo ambiguo y contradictorio de las respuestas del presidente del comisariado ejidal. Mismo que comentó que él no había otorgado ningún permiso para el trabajo de las máquinas, tanto los avecindados como los ejidatarios y otros ciudadanos, se presentaron al lugar donde se encontraban las máquinas y le pidieron al personal que las detuvieran y salieran del ejido, porque no tienen ni permiso ni convenio por parte de la Asamblea, por lo tanto, se encontraban cometiendo un grave delito por destruir y allanar la propiedad ejidal.
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El aparentemente encargado de las máquinas, el cual se presentó como trabajador del gobierno, sin presentar ninguna acreditación al respecto, de forma prepotente y agresiva pidió los nombres de los presentes y empezó a sacarles fotografías, a quienes, de forma respetuosa, pacífica, y en pleno uso de sus derechos, se presentaron a impedir la continuidad de los trabajos.
Luego de un rato de diálogo tenso, el operador desistió de permanecer y movió la maquinaría al sitio en donde fueron bajadas de los camiones de carga que las llevaron.
Se invitó a la población en general a mantenerse atentos de este proceso que se desenvuelve en torno a la imposición de una presa, debido a la grave violación a los derechos en los cuales incurre tanto el gobierno estatal como el municipal, que han permeado incluso a la estructura ejidal y tienen cooptado al comisariado en su conjunto.
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“Alertamos la posibilidad del uso de la fuerza pública en Atotonilco, como lo hizo el gobierno del Estado en la última Asamblea de El Potrero. Exigimos a las instancias encargadas de velar por la protección de la legalidad y el Estado de Derecho para poner orden a este proceso de impunidad”.
El ejido de Atotonilco no tiene ningún acuerdo, ni convenio de asamblea, con el gobierno o privado alguno, relacionado con el proyecto de la presa Milpillas, por lo tanto, el gobierno estatal y municipal comete un delito grave en tierras que no son de su propiedad.
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