/ miércoles 2 de mayo de 2018

Propone CMIC nueva ley de obra pública en Zacatecas

Se busca crear la figura del “responsable técnico”, persona con el perfil profesional (arquitecto, ingeniero, restaurador, etc.) que al interior de la empresa se encargará de los aspectos técnicos de cada obra.

Zacatecas, Zac.- Realizar licitaciones transparentes y equitativas, así como impedir que cualquier persona sin experiencia ni formación profesional afín reciba contratos del gobierno, son algunos de los objetivos de la propuesta de nueva ley de obra pública de Zacatecas.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Jorge Eduardo Hiriartt Franco informó que el documento –propuesto inicialmente por la misma cámara– es necesario porque la legislación actual es obsoleta.

Buscamos dar certidumbre y transparencia a los procesos de licitación, es algo por lo que la Cámara siempre estuvo luchando.

Aunque reconoció que el gobernador, Alejandro Tello ha mostrado voluntad política para dar equidad en el otorgamiento de contratos, el empresario recalcó la importancia de que los procesos queden plasmados en una ley y un reglamento.

De ser aprobado por el Poder legislativo, se establecería un mecanismo de licitación con base en puntos y porcentajes que dependerán de las características de las obras, precio, y experiencia y perfil de la empresa.

También se reduciría la “paja” en los trámites. Tal es el caso de muchos de los documentos que se exigen para concursar y que, en opinión del presidente de la CMIC, “son redundantes” pues la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya cuenta con la información pormenorizada de cada constructora inscrita en el padrón de contratistas.

No a los constructores improvisados

En la elaboración de la propuesta se abundó en la obligatoria profesionalización de quien ejecuta la obra pública, tanto de parte de las dependencias gubernamentales como del sector privado.

“Sabemos que no cualquiera puede ser constructor, pues tiene una gran responsabilidad y llega tener a su disposición parte del erario”, comentó.

Se busca crear la figura del “responsable técnico”, persona con el perfil profesional (arquitecto, ingeniero, restaurador, etc.) que al interior de la empresa se encargará de los aspectos técnicos de cada obra.

Así, el dueño de la constructora puede carecer de la formación afín, pero puede contratar a profesionistas en la materia. Al respecto, el líder de la CMIC agregó: “Nosotros como ingenieros o arquitectos, no podemos ir a un hospital a hacer una operación, pero sí podemos ser dueños de un hospital”.

Lenta elaboración de la nueva ley

La nueva ley de obra pública fue propuesta por la CMIC desde hace seis años, pero fue hasta en abril del 2017 que comenzó una fase de revisión de todos sus artículos con dependencias jurídicas y gubernamentales.

El presidente de la CMIC señaló que una renovación integral era necesaria, pues aunque la ley vigente data del 2005, esta es casi idéntica a la elaborada en 1985.

En las revisiones de la nueva ley participaron dependencias que ejercen presupuesto para infraestructura como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas (Inzace) y Secretaría de Infraestructura (Sinfra).

También se contó con la asesoría de la Coordinación General Jurídica, la SFP, el departamento técnico de la legislatura y el Colegio de Ingenieros Civiles.

Zacatecas, Zac.- Realizar licitaciones transparentes y equitativas, así como impedir que cualquier persona sin experiencia ni formación profesional afín reciba contratos del gobierno, son algunos de los objetivos de la propuesta de nueva ley de obra pública de Zacatecas.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Jorge Eduardo Hiriartt Franco informó que el documento –propuesto inicialmente por la misma cámara– es necesario porque la legislación actual es obsoleta.

Buscamos dar certidumbre y transparencia a los procesos de licitación, es algo por lo que la Cámara siempre estuvo luchando.

Aunque reconoció que el gobernador, Alejandro Tello ha mostrado voluntad política para dar equidad en el otorgamiento de contratos, el empresario recalcó la importancia de que los procesos queden plasmados en una ley y un reglamento.

De ser aprobado por el Poder legislativo, se establecería un mecanismo de licitación con base en puntos y porcentajes que dependerán de las características de las obras, precio, y experiencia y perfil de la empresa.

También se reduciría la “paja” en los trámites. Tal es el caso de muchos de los documentos que se exigen para concursar y que, en opinión del presidente de la CMIC, “son redundantes” pues la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya cuenta con la información pormenorizada de cada constructora inscrita en el padrón de contratistas.

No a los constructores improvisados

En la elaboración de la propuesta se abundó en la obligatoria profesionalización de quien ejecuta la obra pública, tanto de parte de las dependencias gubernamentales como del sector privado.

“Sabemos que no cualquiera puede ser constructor, pues tiene una gran responsabilidad y llega tener a su disposición parte del erario”, comentó.

Se busca crear la figura del “responsable técnico”, persona con el perfil profesional (arquitecto, ingeniero, restaurador, etc.) que al interior de la empresa se encargará de los aspectos técnicos de cada obra.

Así, el dueño de la constructora puede carecer de la formación afín, pero puede contratar a profesionistas en la materia. Al respecto, el líder de la CMIC agregó: “Nosotros como ingenieros o arquitectos, no podemos ir a un hospital a hacer una operación, pero sí podemos ser dueños de un hospital”.

Lenta elaboración de la nueva ley

La nueva ley de obra pública fue propuesta por la CMIC desde hace seis años, pero fue hasta en abril del 2017 que comenzó una fase de revisión de todos sus artículos con dependencias jurídicas y gubernamentales.

El presidente de la CMIC señaló que una renovación integral era necesaria, pues aunque la ley vigente data del 2005, esta es casi idéntica a la elaborada en 1985.

En las revisiones de la nueva ley participaron dependencias que ejercen presupuesto para infraestructura como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas (Inzace) y Secretaría de Infraestructura (Sinfra).

También se contó con la asesoría de la Coordinación General Jurídica, la SFP, el departamento técnico de la legislatura y el Colegio de Ingenieros Civiles.

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