/ martes 20 de octubre de 2020

Protegerán a soplones de la cuatroté, sin límite de tiempo

La Secretaría de la Función Pública evaluará el riesgo que corren los alertadores cada dos meses

De acuerdo con el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción, quienes denuncien hechos de corrupción al interior del Gobierno Federal serán protegidos por tiempo indefinido y sin interrupciones, según las características de su caso.

El protocolo estipula que la protección no se detendrá ni siquiera por causas de fuerza mayor como desastres naturales, pandemias o suspensión de labores de las áreas que lleven el caso.

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“El otorgamiento de las medidas de protección se brindará el tiempo que se considere necesario a fin de salvaguardar la integridad de la persona y su entorno”, señalan sus lineamientos publicados ayer en el Diario Oficial de la Federación.

Cómo informó El Sol de México, la Secretaría de la Función Pública (SFP) brindará protección y acompañamiento a quienes denuncien actos de corrupción como el cohecho o el peculado, a través de su iniciativa Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. Las medidas de protección serán gratuitas y podrá ofrecer al denunciante desde atención psicológica hasta guardaespaldas o reubicación geográfica, dependiendo del peligro del caso.

Este mecanismo ha recibido cuatro mil 530 alertas ciudadanas desde su creación en julio de 2019 y hasta agosto de 2020, de las cuales 523 resultaron procedentes, es decir el 11.54 por ciento del total de denuncias.

Hasta antes de su publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este lunes, Función Pública detalló en su Segundo Informe de Labores que otorgó medidas de protección a cinco ciudadanos alertadores de 18 que la solicitaron hasta agosto de este año.

Las medidas de protección preventivas, que buscan el resguardo de la identidad de la persona alertadora y la protección de la información que ésta dio, se darán de forma inmediata.

En tanto, las de índole laboral serán definidas e implementadas en un máximo de 10 días hábiles, mientras que para las medidas individuales se contarán con cinco días hábiles.

Dentro de este esquema, Función Pública prevé la celebración de convenios y demás instrumentos de coordinación y colaboración con otras dependencias del gobierno, ya que también hará del conocimiento de cada instancia los hechos que se suscriban dentro de la misma.

El mecanismo de seguimiento también estima una revaloración del caso, en el que se decidirá si las medidas deben adecuarse y continuar, o bien, si estas medidas ya no son necesarias por no encontrarse en riesgo y se finaliza con la atención.

Las evaluaciones de riesgo ocurrirán de forma bimestral o en función de las necesidades del caso y podrán finalizarse por solicitud del alertador.

Los niveles de riesgo se califican de “Muy bajo” a “Muy alto”, entre las que que se evalúa posibles acosos psicologicos, daños a la reputación, obstáculos para el ascenso, despidos, suspensiones y hasta la tortura y la privación de la libertad.

De acuerdo con el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción, quienes denuncien hechos de corrupción al interior del Gobierno Federal serán protegidos por tiempo indefinido y sin interrupciones, según las características de su caso.

El protocolo estipula que la protección no se detendrá ni siquiera por causas de fuerza mayor como desastres naturales, pandemias o suspensión de labores de las áreas que lleven el caso.

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“El otorgamiento de las medidas de protección se brindará el tiempo que se considere necesario a fin de salvaguardar la integridad de la persona y su entorno”, señalan sus lineamientos publicados ayer en el Diario Oficial de la Federación.

Cómo informó El Sol de México, la Secretaría de la Función Pública (SFP) brindará protección y acompañamiento a quienes denuncien actos de corrupción como el cohecho o el peculado, a través de su iniciativa Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. Las medidas de protección serán gratuitas y podrá ofrecer al denunciante desde atención psicológica hasta guardaespaldas o reubicación geográfica, dependiendo del peligro del caso.

Este mecanismo ha recibido cuatro mil 530 alertas ciudadanas desde su creación en julio de 2019 y hasta agosto de 2020, de las cuales 523 resultaron procedentes, es decir el 11.54 por ciento del total de denuncias.

Hasta antes de su publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este lunes, Función Pública detalló en su Segundo Informe de Labores que otorgó medidas de protección a cinco ciudadanos alertadores de 18 que la solicitaron hasta agosto de este año.

Las medidas de protección preventivas, que buscan el resguardo de la identidad de la persona alertadora y la protección de la información que ésta dio, se darán de forma inmediata.

En tanto, las de índole laboral serán definidas e implementadas en un máximo de 10 días hábiles, mientras que para las medidas individuales se contarán con cinco días hábiles.

Dentro de este esquema, Función Pública prevé la celebración de convenios y demás instrumentos de coordinación y colaboración con otras dependencias del gobierno, ya que también hará del conocimiento de cada instancia los hechos que se suscriban dentro de la misma.

El mecanismo de seguimiento también estima una revaloración del caso, en el que se decidirá si las medidas deben adecuarse y continuar, o bien, si estas medidas ya no son necesarias por no encontrarse en riesgo y se finaliza con la atención.

Las evaluaciones de riesgo ocurrirán de forma bimestral o en función de las necesidades del caso y podrán finalizarse por solicitud del alertador.

Los niveles de riesgo se califican de “Muy bajo” a “Muy alto”, entre las que que se evalúa posibles acosos psicologicos, daños a la reputación, obstáculos para el ascenso, despidos, suspensiones y hasta la tortura y la privación de la libertad.

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