Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas, culpó a las administraciones anteriores del problema financiero que vive Zacatecas para el pago de la nómina magisterial, y señaló que, al desorden e ineficiencia administrativa, se pueden sumar posibles actos de corrupción de administraciones pasadas.
En términos simples y llanos explicó que actualmente se necesitan obtener dos mil millones de pesos adicionales para que las finanzas del estado tengan viabilidad, de aquí a diciembre; recursos que hoy día no se tienen.
Indicó que las administraciones pasadas no previeron y no gestionaron de manera adecuada los recursos necesarios para cubrir la nómina.
Es un hecho que la administración del gobernador anterior tenía conocimiento de que la falta de recursos para cubrir la nómina magisterial, de trabajadores e incluso de funcionarios, era un problema que estallaría eventualmente.
Aún así, no se tomaron las medidas necesarias, de manera irresponsable se postergó la búsqueda de una solución y se decidió que esta administración asumiera las consecuencias de los malos manejos del pasado.
Aseguró que se trata de una situación que no es responsabilidad del actual gobierno, sino producto de una serie de decisiones equivocadas y manejos indebidos de las administraciones anteriores.
La delicada situación que enfrenta el magisterio actualmente, se debe a la omisión del gobierno del estado que, entre 2014 y 2015 no introdujo a la planta docente como beneficiaria del Fondo de la Nómina Educativa (FONE) el cual permitió a la Federación absorber en su mayoría las nóminas educativas estatales.
Si en ese entonces, las nóminas de las y los maestros hubiesen sido pagadas por la Federación, actualmente no se estarían enfrentando las dificultades que se están viviendo.
Para hacer frente a este error, las pasadas administraciones decidieron adquirir deuda a largo plazo; una determinación que terminó en profundizar la crisis financiera en el estado.
Sostuvo que durante el periodo de transición se informó de manera inmediata de las irregularidades al gobernador y al Congreso local, es decir, el conocimiento de la situación era total y pleno.
Uno de los principales problemas de los que se advirtió, fue la urgencia de pagar los créditos de corto plazo, que fueron contratados por 750 millones de pesos y anticipos de participaciones por 300 millones de pesos; lo que generó mayor presión financiera.
El resultado de esta suma de errores es hoy claro: el estado no cuenta con recursos para cumplir con esas obligaciones financieras, como la nómina magisterial y el mantenimiento del sistema de pensiones.
De seguir por el mismo camino que en las administraciones pasadas tomaron el problema, simplemente se profundizaría más.
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