CDMX.- Zacatecas se encuentra entre las entidades de la República Mexicana menos apegadas a la metodología planteada para homogeneizar y facilitar la transparencia del gasto público en ciencia.
Solo 11 de los 32 estados que conforman la República Mexicana mantienen un control adecuado del gasto en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), el resto presenta deficiencias en su reporte de gastos o información incompleta, así lo revela el estudio Cuenta pública de ciencia, tecnología e innovación: Propuesta programática de armonización contable para las entidades federativas del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
El control adecuado y homogéneo de cuánto es lo que se invierte en CTI y en qué ámbitos resulta crucial porque constituye la principal fuente de información para el diseño e implementación de políticas de CTI a largo plazo, ya que permite identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que podrían presentar los estados.
El análisis muestra que los estados que tienen un mejor control en su contabilidad de inversión en ciencia son los más apegados a la metodología propuesta por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y son: Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco.
Mientras que las entidades menos apegadas a la metodología planteada por la CONAC (creada para homogeneizar y facilitar la transparencia del gasto público en ciencia) son: Baja California Sur, Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.
Esta falta de apego a la regulación en el reporte de gastos hace que no se pueda crear un certero plan de desarrollo científico y tecnológico en los estados, señala el estudio realizado en 2017 y publicado en su página web.
El estudio del Foro Consultivo señala que la contabilidad de la inversión en CTI debe considerar todos los gastos en tres rubros: Investigación y desarrollo experimental; educación y enseñanza Científica y técnica; y servicios científicos y tecnológicos. Desafortunadamente, algunos estados consideran rubros que no pertenecen a estas categorías haciendo que su inversión se muestre inflada.
Tal es el caso del estado de Hidalgo, una entidad que, si bien maneja un nivel de apego medio al modelo de la CONAC, su reporte de gastos incluye la inversión en infraestructura científica lo que de ninguna manera cabe en la categoría de servicios científicos y tecnológicos.
En caso contrario, hay entidades que presentan programas y actividades claramente relacionadas con la ciencia pero no son consideradas dentro de esta contabilidad por lo que muestran una inversión menor como ejemplo: Aguascalientes, quien no registró su inversión a posgrados aun cuando esta entra en la segunda categoría de educación.
Pese a estos problemas metodológicos el análisis brinda una aproximación del panorama de la inversión en ciencia en las entidades federativas de México y sugerentemente agrega un programa para homogeneizar su contabilidad, basada también en el proceso de la CONAC con el fin de tener datos confiables, organizados en forma sistemática, para monitorear, evaluar y hacer planeación a largo plazo.
Cabe señalar que el estudio se construyó siguiendo una estructura básica compuesta por tres secciones: antecedentes, análisis de la información y observaciones de las cifras históricas del gasto en CTI por parte de cada entidad o el presupuesto de sus Consejos Estatales de Ciencia, con base en la disponibilidad de datos.
