Zacatecas, Zac.- Voluntad y disposición para encontrar una solución que beneficie a ambas partes pidió ayer lunes la secretaria General de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, a los involucrados, a fin de que existan acuerdos que les beneficien, pero sobre todo a las familias de la región de Mazapil.
Por su parte, trabajadores de la mina se presentaron en las instalaciones del Congreso del Estado para pedir la intervención de los diputados para la resolución del conflicto.
Los quejosos fueron atendidos por la diputada Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a quien le comentaron que temen por la estabilidad laboral debido a que no les dejan trabajar, una vez que un trabajador sale de la mina no se le permite regresar.
El Gobierno del Estado ha fungido como mediador en el conflicto laboral entre particulares, que mantienen ejidatarios y empresa minera en el municipio de Mazapil.
A través de la Secretaría General de Gobierno, se ha dado puntual seguimiento y atención al conflicto y, desde el pasado 2 de junio, se acudió al lugar de la manifestación con el propósito de dialogar con los ejidatarios.
Después de ese primer acercamiento, se logró establecer una mesa de diálogo, misma que se llevó a cabo el 5 de junio en las instalaciones de la propia Secretaría General de Gobierno, la cual fue encabezada por su titular, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, y el Subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana, Alfonso del Real López.
Al día siguiente, con la asistencia de representantes de la empresa minera, se efectuó una nueva reunión, ahora en las oficinas de la Secretaría de Economía, en la que cada una de las partes expuso sus argumentos en torno al conflicto laboral.
La mesa de diálogo sentada por el Gobierno del Estado fue trasladada el 7 de junio al municipio de Mazapil, en donde continuaron las negociaciones, que consisten principalmente en que la Unión de Transportistas y Trabajadores del Municipio de Mazapil sea contratada por la minera, tal como se estableció desde el 2009 en un acuerdo firmado por ambos, en el que se asienta que de manera preferente el trabajo debe ser destinado para habitantes de la región.
En esta ocasión, la Unión hizo llegar un pliego petitorio a la empresa, en el que piden respeto a los compromisos de dar preferencia de proveeduría y acarreo de material, pues, argumentan, el trabajo lo hace una empresa de capital español.
Las autoridades estatales, por tanto, se mantienen atentas a los acuerdos que pudieran alcanzarse entre la Unión de Transportistas y la empresa minera, los cuales dependen del diálogo y la voluntad que existe entre las partes.
