Zacatecas, Zac.- Sin notificación previa, con un proceso legalen marcha y hasta con artimañas para hacer salir al delegado, lamañana de este viernes comenzó el desalojo y demolición deviviendas que hasta este día conformaban la comunidad deSalaverna.
Lo anterior fue denunciado por habitantes de la comunidad apunto de desaparecer y que pertenece al municipio de Mazapil, entreellos Roberto de la Rosa Dávila quien afirmó que hasta la una dela tarde de este viernes ya había sido demolida por lo menos unavivienda, la escuela, lo que quedaba de la capilla y estaban apunto de echar abajo la tienda y su vivienda.
El delegado municipal, acompañado por unos diez habitantes deSalaverna se manifestaron este viernes frente a las instalacionesde la casa del gobernador, Alejandro Tello Cristerna, para mostrarsu oposición y descontento ante el desalojo de esta comunidad.
De la Rosa Dávila relató a los medios de comunicación, queeste viernes a las nueve de la mañana fueron citados por GloriaEsparza, encargada del área de derecho agrario de laSubsecretaría General de Gobierno para sostener una reunión. A sullegada a la capital, gente que se quedó en la comunidad, lesnotificó que un número importante de policías estatales yministeriales irrumpieron en la comunidad con la consigna dedesalojarlos.
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El operativo del que da cuenta Don Roberto de la Rosa fueencabezado por Antonio Caldera Alanís, director de ProtecciónCivil del Estado y Julio César Chávez, subsecretario deConcertación y Atención Ciudadana, por órdenes directas delgobernador del estado.
“Este señor no conoce el artículo 14 de la Constitución quemarca que nadie debe ser molestado en sus propiedades o posesiones,ni privado de su libertad, si no es bajo la orden de un tribunal uorden de un juez, (…) hay mucha maldad en ésto, primero porqueun muchacho iba saliendo para su trabajo y lo cacheteo unPolicía Ministerial, eso no está bien y luego ya arremeten contralas casas y luego no nos notifican, nosotros tenemos un proceso depetición de terrenos nacionales, ante la Secretaría de DesarrolloAgrario, Territorial y Urbano (Sedatu), este señor desconoce quecuando hay un proceso de esos, que cuando está en trámite ellitigio, no deben moverse, deben dejarse las cosas como estánhasta en tanto no se resuelvan, por todos lados esto es unatropello, un verdadero atentado contra de nuestrosderechos”.
Tras denunciar actos de abuso de autoridad, arbitrariedad yactuación fuera de la ley, el delegado advirtió que no van apermitir el desalojo y que, si existía la posibilidad de salirsepor las buenas, por las malas nunca.
Recordó que los procesos de desalojo anteriores, también sehan llevado a cabo en estas fechas, cuando no hay titulares dedependencia, ni jueces o tribunales que atiendan el tema; el 4diciembre de 2010 se llevó a cabo el primer desalojo, luego el 6de diciembre de se desató el hundimiento que afirman “fueprovocado” para sacar a la gente y ahora un día antes de Navidadacuden para que las 30 personas que aún viven en esta zona, semuden a Nuevo Salaverna.
Hay un proceso legal en macha
Por su parte Efraín Arteaga Domínguez, dirigente estatal de laUnión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), relató que elúltimo acuerdo al que llegaron con la Secretaría de DesarrolloAgrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con fecha del 12 diciembre,fue darle continuidad a un proceso legal en el que se debe definirsi las 4 mil 650 hectáreas que conforman Salaverna son terrenosnacionales, en caso de que resulten serlo se debe definir quientiene el derecho preferente para declararle su propiedad.
En este caso los habitantes reclaman ese derecho por habitarlosdesde hace cientos de años y que esta propiedad no sea otorgada ala empresa minera Frisco-Tayahua.
“Programan el operativo en “sabadazo” cuando ya no seencuentra a los funcionarios bajo el pretexto de que salieron devacaciones, es un golpe artero, el que se pisotea el procedimientoque tienen con la Sedatu”.
En punto de las dos de latarde los pobladores de Salaverna quese encontraban en la capital, marcharon por la calle Hidalgo, unade las principales arterias del centro histórico, oro contingenteacudió a interponer una denuncia ante la Procuraduría Genera deJusticia del Estado (PGJE).
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