El Congreso del Estado modificó la ley de Transportes, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, para que se castigue a los conductores ebrios con multas de hasta 24 mil 897 pesos y con arrestos de entre ocho y 36 horas en el nuevo Centro de Sanciones Administrativas, también conocido como “el torito”.
Según el dictamen aprobado este lunes por las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Comunicaciones y Transportes, también se podrá retirar la licencia de conducir, por un periodo de uno a tres años, a los infractores.
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Uno de los objetivos de la reforma consiste en normar el funcionamiento del Centro de Sanciones Administrativas, como área de la actual Dirección de Seguridad Vial, donde se impondrá y ejecutará la sanción de arresto.
Armando Delgadillo Ruvalcaba, presidente de la comisión de Seguridad Pública recordó que han transcurrido cinco años desde que se comenzó a buscar esta reforma que permita implementar los arrestos administrativos para inhibir conductas que pone en peligro la vida de las personas.
La falta del marco normativo, ha provocado el retraso de la apertura del torito, cuya construcción concluyó desde agosto del 2022 con el financiamiento de la Fundación AB InBev–Grupo Modelo que aportó en el inmueble cerca de siete millones de pesos.
Estado de ebriedad
La reforma establece que la principal causa de ingreso a dicho Centro será “el estado de ebriedad completo y evidente de algún conductor, tanto de vehículos privados como de unidades del transporte público”.
Los legisladores aprobaron el artículo 125 de la ley de Transportes, Tránsito y Vialidad, que estipula que “cuando el resultado de la prueba de alcoholemia muestre resultados de ingesta de alcohol superiores a 0.40 mg/L en aire espirado, o se compruebe el influjo de alguna droga, procederá el arresto”.
Tras recalcar que el dictamen aprobado “tiene el objetivo de salvar vidas”, la diputada Violeta Cerrillo Ortiz explicó que el procedimiento de sanción se divide en tres etapas: la detención del vehículo, la aplicación de la prueba de alcoholemia y la parte jurídica en la que se determina la sanción.
Medidas anticorrupción
Sobre la última etapa jurídica, la legisladora explicó que al infractor se le notifica que al día siguiente debe presentarse ante un oficial calificador quien determinará la sanción con base en el nivel de alcohol registrado. Aclaró que el conductor tendrá derecho de réplica y contará con un abogado defensor.
Además, es la Secretaría de Salud la que calibrará los aparatos utilizados en el alcoholímetro con base en estándares federales.
Violeta Cerrillo opinó que el proceso se blinda en contra de actos de corrupción ya que el policía que haga la detención del vehículo, no será el mismo que imponga el castigo.
Además, el infractor podrá solicitar que el arresto de ocho hasta treinta y seis horas, le sea conmutado por una multa de 120 hasta 240 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de entre 12 mil 448 y 24 mil 897 pesos.